La Justicia reclama 265 millones a 87 condenados en la mayor sentencia contra el narcotráfico

El juicio a la banda de los Castañas, celebrado entre abril y julio de 2023 en la Audiencia Provincial de Cádiz, en concreto en la sede de Algeciras, y la sentencia conocida en enero pasado abrió el debate sobre la pertinencia de que la Audiencia Nacional se hiciera cargo de estos macroprocesos, dada su condición de tribunal central y por la disposición de medios materiales para combatir los delitos asociados al narcotráfico como el blanqueo de capitales.

Por otro lado, la imagen de los 144 procesados que fueron juzgados en cuatro salas a rebosar en Algeciras mostró en términos cuantitativos el músculo del narco en el Estrecho y su inmersión social; y desde la perspectiva cualitativa la creciente violencia que emana de esta actividad ilegal. No parece casualidad que solo tres semanas después de conocerse la sentencia una narcolancha arrollara intencionadamente a una embarcación de la Guardia Civil en Barbate (Cádiz), matando a dos agentes e hiriendo a otros cuatro. Ahora, tres meses después el propio instituto armado ha descartado que los seis encarcelados por este doble crimen participaran en los hechos. Por lo tanto, los autores materiales siguen libres.

En paralelo, los agentes del grupo especial de la Guardia Civil OCON-Sur –el dispositivo temporal ubicado en Algeciras para combatir el narco y disuelto por el Ministerio del Interior en septiembre de 2022 tras concluir su cometido– fueron los encargados de desarticular al clan de los Castañas dos años antes, en septiembre de 2020. La banda estaba dirigida desde la cárcel por Antonio Tejón Carrasco. Un vecino de La Línea de la Concepción (Cádiz) nacido hace 40 años y que se encuentra hoy en libertad provisional bajo fianza de 400.000 euros, después de haber pasado casi tres años en prisión preventiva por estos hechos.

La sentencia de 451 páginas detalla la cuantía individualizada de las millonarias multas impuestas al 90% de los condenados por el delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. Las penas de prisión impuestas oscilaron entre los seis años y seis meses en el caso del cabecilla de los Castañas y los dos años al grueso de los condenados (49) por su papel como «cómplices».

De los 97 sentenciados a penas de cárcel, 69 llegaron a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para reconocer los hechos a cambio de rebajar su pena y 47 fueron absueltos por falta de indicios. La Fiscalía Antidroga anunció en abril un recurso ante el Tribunal Superior de Andalucía contra 28 acusados que fueron exonerados por contrabando. La razón es que no se incautaron las narcolanchas con las que trasladaron el hachís procedente de Marruecos.

Para calcular las multas, el tribunal estimó en primer lugar la prueba pericial sobre la droga intervenida. Las 6,7 toneladas incautadas a la organización en diferentes localizaciones de Cádiz, Sevilla, Málaga y Huelva fueron tasadas en 13,2 millones conforme al valor del hachís en 2020. Dependiendo del nivel de implicación de cada acusado respecto a los alijos aprehendidos se estableció la multa «con criterios de proporcionalidad». La horquilla osciló entre la cuantía de la droga intervenida y la aplicación del cuádruplo del valor de la sustancia.

Por ejemplo, en el caso del líder del grupo se le impuso dos millones, pero sus lugartenientes José Antonio C. F. y Óscar R. F. fueron castigados con 20 millones cada uno y otros cuatro subordinados con 14 millones por persona.

Todas las multas llevan aparejada una pena sustitutiva de arresto (30 días en los supuestos más elevados) en caso de impago. Esta posibilidad abre la puerta a que no se recauden los 265 millones. Por este motivo, la sentencia acordó el decomiso de dineros, bienes (viviendas, naves o vehículos) y efectos intervenidos a los condenados (elementos electrónicos), a los que se dará un destino legal como su enajenación a través de la subasta cuando el fallo sea firme. Por ejemplo, las cinco narcolanchas intervenidas al clan fueron tasadas en más de 600.000 euros.