La justicia reactiva el 'caso Pegasus' y cita a declarar a la directora del CNI

Hace casi un año, los dirigentes de ERC, Josep Maria Jové y Diana Riba, ambos como afectados del espionaje, presentaron una querella en un juzgado de Barcelona contra la empresa propietaria de Pegasus, NSO Group, de Israel. La querella pedía citar a declarar como investigado a un representante de la empresa y, en calidad de testigo, a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro.

La Fiscalía y el juzgado de instrucción 20 de Barcelona rechazaron estas diligencias. La justicia denegó además la petición de los abogados de ERC de que se requiriera información al CNI sobre la compra del programa a la empresa israelí y sobre el uso realizado contra Riba y Jové. La instructora consideró algunas de las diligencias que se le pedían «inútiles». Los abogados de ERC recurrieron y ahora la justicia les ha dado la razón. La jueza también descartó en un principio imputar a la empresa NSO Group y la Audiencia de Barcelona acepta ahora tomar declaración a la empresa y reclamarle documentación relacionada con el caso.

«Consideramos pertinente la diligencia relativa a pedir información al CNI sobre la compra de este software y su utilización y la toma de declaración de Esperanza Casteleiro como directora de esta entidad para que informe sobre estos aspectos», señala el auto de la Audiencia de Barcelona. Su declaración sería «necesaria»para determinar si el software se usó «conforme a la legalidad vigente, con los límites legales y con autorización judicial».

«Se pide como diligencia la investigación sobre el CNI consistente en el requerimiento a éste y a la comisión delegada de asuntos de inteligencia para que informe sobre la adquisición del software Pegasus y sobre el uso de este programa sobre los teléfonos móviles, ordenadores o tabletas de Josep Maria Jové, Diana Riba, Roger Torrent y Ernest Maragall», señala la resolución judicial.

También considera pertinente la toma de declaración de Jové y Riba «como perjudicados en el delito y conocedores en primera persona de los hechos que son objeto de esta investigación».

En cualquier caso, la justicia informa a las partes que la «primera y preceptiva diligencia» debe ser tomar declaración a la entidad propietaria de la tecnología de espionaje. «No podemos compartir la afirmación del Fiscal de que solo sería competente la jurisdicción española si «la producción y facilitación a terceros de un programa informático se hubiera verificado en territorio español». «Los hechos objeto de la querella son la grabación o interceptación de comunicaciones a dos españoles que estaban en España», afirma la Audiencia, por tanto, cree que independientemente del lugar de dónde se envía el mensaje que da lugar a la infección con el software, la «investigación es competencia de los jueces y tribunales españoles».

Hace un año, Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, publicó un informe que concluía que 65 dirigentes independentistas fueron espiados con el programa Pegasus, procedente de Israel. El independentismo llamó al caso 'catalangate'. El CNI asumió el espionaje a una veintena de dirigentes, entre ellos el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. El president también presentó una querella contra la exdirectora del CNI y contra la empresa. La querella está en manos de la Audiencia Nacional después de que la Audiencia de Barcelona decidiera enviársela el pasado mes de noviembre.

El Gobierno admitió, no obstante, que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa y el de Interior, también fueron espiados. Tras las críticas del Govern y de ERC, que amenazó al Gobierno con retirarle el apoyo en el Congreso, Sánchez cesó a la directora del CNI, Paz Esteban. Fue sustituida por Esperanza Casteleiro.