La justicia prohíbe a los Franco sacar los bienes del Pazo de Meirás hasta que acabe el pleito

La justicia resuelve así favorablemente la medida cautelar solicitada por la Administración General del Estado y el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, y decreta que los bienes identificados en la demanda, incluidos los que pertenecieron a la escritora Emilia Pardo Bazán, queden en depósito bajo la custodia del Estado dentro del mismo pazo.

La Abogacía del Estado reclamó el pasado septiembre a la familia Franco la propiedad de 564 bienes muebles que se encuentran en el Pazo de Meirás. La demanda hacía referencia a objetos, documentos y legajos que incluyen bienes de Patrimonio Nacional, bienes del Patrimonio Documental Español y bienes de dominio público, por su afectación al uso del Pazo como residencia oficial de Francisco Franco como jefe del Estado.

Según el escrito, los documentos forman parte del Patrimonio Histórico Español por su interés histórico y artístico, vinculado tanto a la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán como a la actividad oficial desarrollada durante la dictadura. La demanda responde a la petición de ejercicio de acciones formulada tanto por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional como por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

El Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad en mayo de 2021 una proposición no de ley en la que solicitaba el inicio de acciones judiciales para defender la titularidad pública de los bienes muebles que son necesarios para explicar la historia del Pazo de Meirás y que son de titularidad o de dominio público.

La demanda de los servicios jurídicos del Estado tiene como antecedente lógico las dos sentencias dictadas sobre la reivindicación del inmueble en el que se encuentran situados estos bienes. En la primera quedó establecido que el Pazo de Meirás se adquirió con fondos procedentes del conjunto de los ciudadanos y de instituciones públicas. En la segunda se acreditó que desde el primer momento todas las actuaciones de mantenimiento, conservación, reparación y mejora del inmueble se ejecutaron por la Administración del Estado y se financiaron con fondos públicos.

La Abogacía del Estado incluyó en su escrito de septiembre una petición de medidas cautelares, que es la que ahora se ha resuelto, para que se acordara la permanencia de los bienes reclamados dentro del pazo y en depósito de la Administración. Con ello, los servicios jurídicos del Estado trataban de garantizar su conservación y protección, así como la integridad de los intereses históricos y artísticos a ellos vinculados, por el lugar donde se encuentran.