Justicia no se compromete por ahora a cambiar la elección del fiscal general

En la actualidad esta institución está marcada por su fuerte jerarquización, la unidad de actuación y el nombramiento del fiscal general por parte del Poder Ejecutivo. Una competencia que siempre ha estado en entredicho y que afecta de lleno a la politización de la Justicia.

A partir de la publicación de la LeCrim en el BOE se abre un plazo de un año para legislar dicha modificación del estatuto del fiscal, clave para la credibilidad de la nueva ley. Asociaciones de jueces y fiscales ya se han pronunciado en la necesidad de cambiar la regulación de arriba a abajo para evitar cualquier dependencia del Poder Ejecutivo. Esta negociación se presenta fundamental y los colectivos judiciales quieren formar parte del debate.

Al tratarse de la reforma de una ley orgánica, cuya entrada en vigor se ha marcado en un máximo de seis años, se deberán pronunciar los órganos consultivos del Estado, Consejo General del Poder Judicial y Consejo de Estado, por lo que se espera que sus informes marquen el camino del legislador.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, presentó este martes la LeCrim tras el Consejo de Ministros y pasó de puntillas sobre la posibilidad de modificar el actual sistema de nombramiento del fiscal general. Campo afirmó que «esta es la primera palabra», por lo que «ahora se abre un proceso intenso de consultas» para mejorar lo que ha definido como un «texto rico». En este sentido, anticipó que se abrirá al «debate público», se solicitarán los informes preceptivos y se someterá a la discusión parlamentaria. «Es una ley con la que no hay que tener prisa, pero no debemos pararnos porque la sociedad lo reclama», sostuvo.

Fuentes de Justicia consultadas tampoco han querido aclarar qué posición tomará el departamento con respecto a la elección del responsable del Ministerio Fiscal, de lo que se traduce que por ahora no se comprometen a cambiar el modelo actual.

Otro asunto polémico que plantea la nueva LeCrim es el papel del fiscal no solo como instructor del proceso penal, sino como el encargado de controlar la información que se difunda sobre la marcha de la investigación. El objetivo es limitarla a «lo esencial desde el punto de vista del interés informativo» y evitar así un «grave atentado» a la presunción de inocencia de los encausados.

Este punto ha generado bastante controversia, ya que el anteproyecto regula la posibilidad de aplicar una medida cautelar por parte del juez de garantías para restringir la publicación de noticias que puedan afectar a la instrucción. Fuentes conocedoras del texto entienden que el rechazo que causa esta intervención en los medios de comunicación solo tiene una salida: acudir al Tribunal Constitucional y que la corte resuelva si vulnera el artículo 20 sobre el derecho fundamental a la información.

Del mismo modo, el anteproyecto da un lavado de cara a la figura de la acusación popular, que ya no podrán ejercer las personas jurídicas públicas, los partidos políticos y los sindicatos. Se fija además un catálogo de delitos -como todos los relacionados con la corrupción- para que los ciudadanos puedan seguir personándose en las causas penales.