La Justicia europea rechaza el recurso de Puigdemont por no ser reconocido como eurodiputado en 2019

La alta corte con sede en Luxemburgo destaca que el Tribunal General declaró correctamente que la Eurocámara no podía apartarse de la lista de diputados electos que notificaron las autoridades españolas. Por tanto, señala que «el presidente del Parlamento se limitó a hacer lo que estaba obligado a hacer: tomar nota de la lista de diputados electos notificada por las autoridades españolas, que constituía para él una situación preexistente derivada de decisiones que se habían adoptado en el plano nacional» y destaca que no este acto no puede ser recurrido. Apunta, igualmente, que el hecho de que Puigdemont y Comín no pudieran ocupar su escaño «fue porque no figuraban en la lista oficial de resultados notificada por las autoridades españolas».

La sentencia sigue la misma línea que la del Tribunal General (TGUE) y contradice la opinión del abogado general del TJUE, el polaco Maciej Szpunar, que en abril de este año pidió la anulación de la sentencia previa dictada por el TGUE. La opinión del abogado general no es una decisión vinculante del TJUE, pero sí suele guiar sus decisiones. Szpunar, el mismo letrado que se pronunció en el caso de Oriol Junqueras, sostuvo que Tajani tenía que haber permitido entrar en la Eurocámara a los tres eurodiputados y que, al no hacerlo, «puso en cuestión los resultados electorales oficialmente proclamados» y subrayó que «ningún precepto de este Derecho autoriza a un Estado miembro a suspender las prerrogativas de los miembros del Parlamento Europeo».

En un comunicado conjunto, Puigdemont y Comín han expresado su «sorpresa y preocupación» al conocer la decisión del TJUE. Destacan que la sentencia «no entra en el fondo de la cuestión que se trata de si un estado puede poner requisitos incompatibles con el Derecho europeo para impedir que un eurodiputado electo pueda ser reconocido como miembro de la Eurocámara», aputan y señalan que «esto es precisamente lo que hace España al establecer la jura presencial de la Constitución española como requisito previo a la notificación al Parlamento». La sentencia publicada este jueves, por tanto, «se limita a constatar que el presidente del Parlamento no es competente para dirimir si los requisitos impuestos por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General son o no compatibles con el Derecho europeo».

Los políticos catalanes aseguran que reclamaran «de forma inminente» a las autoridades judiciales estatales que presenten una cuestión prejudicial ante el TJUE para determinar si el requisito de jurar la Constitución es compatible con el Derecho europeo. Al mismo tiempo muestran su «profunda preocupación» ya que «mientras el TJUE no deje resuelta esta cuestión de forma definitiva, abre una puerta para que otros Estados miembros de la UE puedan imitar el ejemplo de España y inventar requisitos contrarios a los principios de la democracia».

El reconocimiento como eurodiputados es clave en la estrategia judicial de los políticos catalanes huidos a Bélgica y que desde 2017 son reclamados por la Justicia española a través de las euroódenes emitidas por el juez instructor del Supremo, Pablo Llarena. En las elecciones europeas de 2019, Puigdemont, Comín y Ponsatí fueron elegidos como eurodiputados por Junts per Catalunya, sin embargo, al tener suspendidos sus derechos como eurodiputados, no pudieron viajar a España para jurar el cargo ante la Constitución, un requisito que marca la legislación española. De este modo, la Junta Electoral Central declaró vacantes sus escaños y suspendidas sus prerrogativas, un proceso que también se ha dado este mismo año en el caso del excoseller y eurodiputado Toni Comín.

En 2020, el nuevo presidente de la Eurocámara, David Sassoli, permitió a los políticos independentistas tomar sus escaños. Tan solo dos años después, sin embargo, el TGUE dio la razón a Tajani, una decisión que ha respaldado este jueves la máxima instancia de la UE.