La Justicia andorrana admite una querella contra Rajoy por la 'operación Cataluña'

Según consta en la comisión rogatoria que la magistrada andorrana Stéphanie García ha enviado a las autoridades judiciales españolas, se insta a los querellados como primer paso a designar un abogado o a hacerlo en el plazo de 15 días a contar desde la notificación de las querellas, de lo contrario se les asignará uno de oficio.

En esta resolución, fechada a 20 de mayo pasado, constan además como querellados el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, así como los exmandos policiales Eugenio Pino y Bonifacio Díez.

Los hechos denunciados están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde mayo de 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada d'Andorra (BPA) para conocer «mediante vías ilegales» una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana« de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares, entre ellos Pujol, Mas o Junqueras.

Por ello, se les atribuye presuntamente los delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y falsedad documental.

Los querellantes fueron de forma inicial dos entidades andorranas, Juristes Drets y l'Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA), a la que posteriormente se sumaron el presidente de BPA, Higini Cierco i Noguer, el CEO de la entidad, Joan Pau Miquel, y la familia Pujol como perjudicados.

En septiembre de 2020, la Justicia del país vecino ya admitió parcialmente la querella por un supuesto delito de falsedad documental por remitir información falsa a autoridades estadounidenses, a la unidad de investigación financiera del Departamento del Tesoro, para «perjudicar» a la BPA. También los intentos de intimidación al jefe del Gobierno andorrano, Antoni Martí, y a varios de sus ministros para que liquidasen la entidad por sus problemas contables, también de su filial Banco de Madrid, y ocultar la entrada de fondos procedentes del crimen organizado.

En un primer momento la querella se dirigió contra el inspector jefe de la Policía que fue agregado en la Embajada española de Andorra, Celestino Barroso, y el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) Marcelino Martín Blas, quienes presuntamente coaccionaron y extorsionaron a los dirigentes de la BPA para conseguir datos de supuestas cuentas bancarias andorranas a titularidad de los Mas, Pujol y su familia y Junqueras. Martín Blas finalmente quedó fuera.

El pasado 21 de mayo, el comisario José Manuel Villarejo, conocedor de los entresijos de la 'operación Cataluña', aseguró en una entrevista en TV3 «que se hicieron cosas chungas, se alteraron pruebas» en la búsqueda de información comprometedora para los líderes independentistas.