La justicia alemana deja en libertad a Puigdemont y descarta el delito de rebelión

El Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, no solo dictó libertad bajo fianza de 75.000 euros para el dirigente secesionista, sino que declaró que no ve admisible el delito de rebelión que le imputa la justicia española. Sí en cambio el delito de malversación, por el que Puigdemont podría ser extraditado y juzgado en España, aunque el tribunal alemán aún tardará días o semanas en resolver toda la causa. Se espera que Puigdemont salga del penal germano a lo largo de este viernes.

Para descartar la rebelión, que implica penas de 15 a 25 años de prisión en España, el tribunal germano, en contra de la opinión de la Fiscalía de este país, alegó que el delito que podría ser equiparable en Alemania es el de «alta traición», pero en este caso no puede aplicarse porque no se cumple el requisito de la «violencia». Ésta, según explicó el Tribunal Regional, debe llegar al punto de poder doblegar la voluntad del Estado y «no es el caso».

En una comparecencia de urgencia, el abogado del dirigente independentista calificó la noticia de «gran éxito» para su defendido. El delito de rebelión no hay por donde cogerlo, dijo, porque no se pueden comparar incidentes en una manifestación con el 23-F y la entrada de policías con metralletas. «Eso es rebelión», expresó como ejemplo. «Nos vemos mañana» (por este viernes), escribió en su cuenta de Twitter el expresidente.

La decisión judicial puede tener consecuencias políticas y jurídicas de calado en España. Y es que, de entrada, puede causar una paradoja muy difícil de entender para los no iniciados en asuntos jurídicos. Así, el que se supone que era el jefe de la supuesta organización criminal, según la terminología utilizada por la juez Lamela, podría ser juzgado únicamente por los delitos de malversación y desobediencia, mientras que el resto de procesados, entre otros sus colaboradores en el Gobierno -Oriol Junqueras y el resto de consejeros y los 'Jordis'- serán juzgados y puede que condenados por rebelión. Es decir, que a Puigdemont le podría caer una pena de 2 a 8 años de prisión y al resto de 15 a 25 años.

Puigdemont fue detenido el pasado 25 de marzo en una gasolinera de Alemania, tras entrar en el país en coche desde Dinamarca procedente de Finlandia, a donde acudió a pronunciar una conferencia. El expresidente de la Generalitat llevaba cinco meses huido en Bruselas. El juez Llarena se vio obligado a retirar la euroorden para evitar que la justicia belga, como ha hecho la alemana, restringiera los delitos que le imputa el Supremo.

Sin embargo, días antes de su detención en Alemania, Llarena reactivó la euroorden y después reclamó su extradición por los delitos de rebelión, malversación, prevaricación y desobediencia, relacionados con el referéndum declarado ilegal del 1-O y la proclamación unilateral de independencia del 27 de octubre.

El tribunal del Estado de Schleswig-Holstein, en cambio, enmendó este jueves la plana al juez español. Por ello, la decisión cayó en el independentismo como una victoria histórica. «En Alemania hay justicia», expresaron JxCat, ERC y la CUP. La tesis del secesionismo es que España es un Estado autoritario, donde no hay división de poderes y donde la justicia ha emprendido una causa general contra sus dirigentes.

Para el soberanismo catalán Puigdemont y todos los dirigentes secesionistas encarcelados son presos políticos, como los que había durante el franquismo. Los jueces alemanes, no obstante, rechazaron este jueves que Puigdemont pueda ser víctima de persecución política en España si es extraditado.

En términos políticos, la decisión judicial es un revés para el Gobierno, aunque el ministro de Justicia no lo vio así, pero podría abrir una puerta a la resolución del conflicto político catalán, en la medida en que podría poner los cimientos para una cierta rebaja de la tensión. En sectores del independentismo, en cualquier caso, apuntaron la posibilidad de que la decisión judicial reactive la candidatura de Puigdemont como presidente de la Generalitat.