La justicia acepta investigar si la Fiscalía filtró datos sobre la causa contra el novio de Ayuso

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con el criterio en contra del propio Ministerio Público que pretendía enterrar este asunto, ha admitido a trámite este martes la querella presentada por la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, contra María Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid; y contra Julián Salto Torres, fiscal de la Sección de Delitos Económicos de la misma Fiscalía. González Amador acusa ambos de sendos delitos de revelación de secretos por funcionario.

Aunque el novio de la presidenta madrileña señala exclusivamente a Rodríguez y a Salto, este caso podría salpicar mucho más arriba, hasta el mismísimo fiscal general del Estado. El propio Álvaro García Ortiz dijo «asumir la responsabilidad última» de la nota de prensa del pasado 14 de marzo en la que la Fiscalía de Madrid reveló datos sobre la investigación a González Amador, aunque defendió que ese comunicado solo cumplía con la obligación legal del Ministerio Público de dar a conocer las actuaciones relevantes de esta institución.

Sea como fuere, según todas las fuentes consultadas por este periódico, fue la Fiscalía General del Estado la que ordenó a la la Fiscalía Superior de Madrid difundir la polémica nota con los pormenores de un posible pacto de conformidad con la pareja de la presidenta.

Al hilo de ello, en declaraciones a TVE, el propio García Ortíz sostuvo por la noche que su actuación fue correcta porque «no podemos consentir que se dé una información falsa sabiendo nosotros que esa información es falsa». Acto seguido, añadió que «no se puede intimidar» a dos fiscales -en referencia a Rodríguez Fernández y Salto Torres, los dos querellados- «en el ejercicio de su profesión por quienes presuntamente han cometido los delitos».

Tres días después del controvertido comunicado de prensa -que causó una fuerte crisis interna el Consejo y Fiscal y que ha provocado ahora la apertura de la investigación conta el Ministerio Público- el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid imputó a Alberto González Amador después de que la Fiscalía le denunciara por dos delitos fiscales y falsedad documental por defraudar hasta 350.951 euros con un supuesto entramado de facturas falsas. Según el Ministerio Público y la Agencia Tributaria, el novio de Ayuso empresario ganó varios millones de euros durante la pandemia con la compraventa de mascarillas, pero ideó un sistema para que su factura fiscal por el Impuesto de Sociedades no se disparara en los ejercicios de 2020 y 2021.

La nota supuso la interposición de una querella por parte del imputado, pero también del Colegio de la Abogacía de Madrid, que consideró el comunicado constitutivo de un delito de revelación de secretos por divulgar las comunicaciones abogado-Fiscalía, ya que en ese comunicado se hacía públicos los contactos entre el letrado del novio de Ayuso y el Ministerio Público para llegar a un acuerdo que evitara la cárcel a González Amador a cambio de reconocer dos fraudes fiscales y pagar 520.000 euros.

Ahora, la Sala acepta la exposición razonada elevada por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 18 de Madrid, correspondiente a la denuncia presentada por los mismos hechos por la Abogacía de Madrid, que pasa a ser acusación popular contra la Fiscalía en este proceso. Paralelamente, la Sala nombra al magistrado Francisco José Goyena Salgado, miembro de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid, instructor de la causa.

En el auto, sobre el que no cabe recurso alguno, la Sala estima que «sin que pueda entenderse nunca la admisión de una querella como un acto de imputación anticipada, ni una calificación ultimada de los hechos, ha de investigarse el verdadero alcance del conjunto de los hechos relatados en el escrito de la querella» porque los jueces creen que, al menos, «indiciariamente» la actuación de la Fiscalía en este asunto ha podido tener «carácter delictivo».

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid no coincide con el Ministerio Público cuando consideraba que procede la inadmisión de la querella, dado que, a su juicio, «los hechos que en ella se relatan resultan atípicos», o sea que que no encajaban formal o materialmente en un tipo legal de delito.

Los magistrados reconocen que el Ministerio Fiscal en su informe justificó que facilitó una nota informativa «para salir al paso de determinadas informaciones» en las que se apuntaba erróneamente que había sido la Fiscalía -y no el novio de Ayuso- la que había propuesto el acuerdo de conformidad. Los jueces también recuerdan que la Fiscalía negó que en esa nota de prensa constaran informaciones que no se hubieran publicado previamente y que esa comunicación estaba amparada por la propia normativa del Ministerio Público que obligar a garantizar la «libertad de información» trasladando a la sociedad «el hecho noticiable».

Pero la Sala apunta que que lo que se trata en este caso es de «analizar si se ha visto vulnerado el deber de confidencialidad y reserva inherente a las actuaciones penales, entre las que se comprende las preprocesales a cargo del Ministerio Fiscal». Y para ello se requiere, a juicio del TSJ, «una indagación que sólo puede abordarse adecuadamente mediante la oportuna instrucción de la causa». «Debe indagarse –matiza el auto- si se ha excedido el límite permitido penalmente en el ámbito del derecho a la información que asiste al Ministerio Público al tratarse de unas diligencias penales, y por tanto reservadas, y así mismo en qué medida han podido perjudicarse los derechos constitucionalmente reconocidos al querellante».

Los intentos de la Fiscalía por frenar a toda costa la investigación que ahora comienza ha llegado al punto de que la mano derecha de García Ortiz, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha reemplazado recientemente a la fiscal María de la O Silva, quien estaba a favor de investigar la querella del novio de Ayuso.