Junts pacta con el Gobierno una mesa de negociación para el reparto de 3.000 millones del plan antiaranceles

Así lo desgranó este martes el portavoz adjunto del grupo parlamentario independentista, Josep María Cruset, en una comparecencia organizada en el patio de edificio que alberga la Cámara baja y programada justo cuando la rueda de prensa delConsejo de Ministros estaba ya finalizando. Para Junts, que este martes sacaba pecho del acuerdo, este compromiso refleja la «fiabilidad» que sus diputados tienen en el Congreso para «poner sus votos al servicio de Cataluña» y «corrige» lo que creen que era «una nueva operación de recentralización de recursos encubierta por la puerta trasera». Los junteros denuncian que el primer borrador del real decreto que les mostró Moncloa no incluía una «territorialización» de los recursos destinados a paliar los efectos de los aranceles de Donald Trump y este hecho, además de ser una «línea roja», les provocaba «desconfianza» ante un eventual «reparto político», y no técnico, de las ayudas.

Por ello, entre otras medidas, el pacto incluye también un compromiso de «transparencia y seguimiento» por el que se ha acordado la comparecencia en el Congreso, cada tres meses, del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para dar cuenta de este despliegue con datos desglosados y por sectores. También se pondrá en marcha un mecanismo de participación entre el Gobierno y la Generalitat para «garantizar» que el despliegue de ayudas «no se lleva a cabo de un modo arbitrario». «Una vez más hacemos el trabajo que no hace el gobierno de la Generalitat, que se limita a hacer de sucursal del gobierno del Estado en nuestro país», señaló Cruset.

Las negociaciones han sido «intensas» según relatan desde ambas partes y se acabaron cerrando este martes a primera hora de la mañana, poco antes de ser aprobadas en el Consejo de Ministros. En el Gobierno le quitan hierro al alcance de las medidas al defender que serán las propias empresas las que soliciten estos fondos «a demanda», independientemente del territorio en el que tengan su sede. «Lógicamente, las comunidades que tuvieran más empresas afectadas recibirán más ayudas», explican fuentes del Ministerio de Economía.