Junts apura al límite la negociación de los decretos para incentivar el retorno de empresas a Cataluña

Junts, clave, reclama una reforma de ley de Sociedades de Capital –que en su artículo 9 establece que el domicilio de las empresas estará «en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación»–; propone incentivar fiscalmente a las empresas que decidan dar marcha atrás y regresen a Cataluña; premiar a las que no trasladaron fuera sus sedes sociales; y, además, sancionar a las que no lo hagan teniendo en la comunidad su centro de operaciones.

El Ejecutivo evitó este martes aclarar qué parte del planteamiento del que es, sin duda, su socio más conflictivo estaría dispuesto a aceptar y cuáles considera inviables con el argumento de que toda negociación exige prudencia y discreción. Pero tanto el flamante ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como la ministra portavoz, Pilar Alegría, advirtieron en una comparecencia en la Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros, de que en todo caso se garantizará la «seguridad jurídica» de las empresas. «La seguridad del marco jurídico es fundamental para la estabilidad y el crecimiento económico y ahí –subrayó Cuerpo– es donde nos vamos a encontrar».

El acuerdo de investidura suscrito por el PSOE y Junts ya recogió ese compromiso de «facilitar y promover» el regreso las empresas que han abandonado Cataluña en los últimos años, pero    sin entrar en más detalle. El Gobierno es plenamente consciente de que la idea de multar a empresas que mantengan su sede fuera de Cataluña soliviantaría a la patronal. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, defendió este martes que las empresas tienen derecho «a instalarse e invertir donde quieran» y advirtió de que tomar medidas coercitivas para forzarlas a hacerlo en uno otro sitio «se llama regulación en vena o se llama comunismo».

Pero Garamendi no fue el único que mostró su rechazo a la idea de Junts. El Gobierno de la Generalitat, pilotado por ERC, también argumentó que incentivar fiscalmente a quienes se fueron para que vuelvan –algo que, además, podría chocar con el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que prohibe de manera expresa las ayudas estatales para impedir una distorsión de la competencia– penalizaría a las empresas que decidieron quedarse. «Ni se contempla ni se ha contemplado nunca. Rotundamente, no», dijo la portavoz del Govern, Patrícia Plaja.

Junts, en todo caso, no solo ha puesto este asunto sobre la mesa.    Insiste, también contra el criterio de ERC, en que el decreto 'ómnibus' podría dilatar la aplicación de la ley de amnistía y en que el resto invade competencias y deja a Cataluña infrafinanciada. «El compromiso de Junts era votar todo aquello que nos acerque al reconocimiento nacional y a acabar con agravios históricos como el de la infrafinanciación. Con estos decretos no solo no nos acercamos, sino que reculamos», adujo ayer en la Ser su portavoz, Josep Rius.

Al tira y afloja con los de Puigemont, hay que añadir las tensiones con Podemos, dispuesto a hacer valer hasta el último minuto el voto de sus cinco diputados. Rechazan la reforma del subsidio de desempleo –a su juicio, un retroceso en derechos, y piden topar los alquileres y beneficios de los grandes supermercados para dar su plácet a la prórroga de las medidas anticrisis. «Queremos votar a favor, pero no podemos permitirnos votar a favor de ningún recorte», apuntó este martes Ione Belarra.

El Ejecutivo, sin embargo, se manifestaba ayer optimista con la posibilidad de sacar adelante las tres normas y, una vez más, apeló al interés general como argumento de peso para disuadir a sus aliados de votar en contra. Alegría hizo hincapié así en medidas como la gratuidad del transporte público, la rebaja del IVA de alimentos como el aceite y el incremento del 3,8% de las pensiones. Cuerpo subrayó que en juego está además el desembolso de 10.000 millones de euros de los fondos europeos.