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Junts ha rechazado este lunes casi por completo el anuncio estrella hecho por el presidente del Gobierno en el pasado congreso del PSOE en Sevilla de crear una «gran empresa pública de vivienda». «En Cataluña no hace falta», ha afirmado el secretario general de Junts, ... Jordi Turull, tras la ejecutiva del partido. Los postconvergentes solo apoyarían la iniciativa del líder socialista, si cuando tenga una traducción legislativa incluye una «cláusula» concreta que diga que no afecta a Cataluña. Pero si no es así, Junts no la apoyará. «Que no cuente con nosotros», ha advertido al presidente del Gobierno. Los de Puigdemont avisan que esa figura en Cataluña y en Barcelona ya existe con el instituto catalán del suelo o el instituto municipal de la vivienda, por lo que no ven necesario crear una entidad estatal, que a su juicio podría ser una «excusa» del Gobierno para «recentralizar» competencias de las autonomías y de los ayuntamientos.
Junts ha presentado una batería de medidas para hacer frente al problema de la vivienda, situado ya como el asunto que más preocupa a los catalanes. De entrada, los nacionalistas proponen impulsar una nueve ley de vivienda en la Cámara catalana, de acuerdo a las competencias «exclusivas» de la administración catalana en esta materia, según ha detallado Turull, que ha cargado contra el sindicato de inquilinos, que pide rebajas del 50% en el precio de los alquileres y que amenaza con una huelga. Turull cree que estas iniciativas son demagógicas.
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Junts propone ampliar el parque público de compra y alquiler e invertir cerca de 2.000 millones, incrementar el número de viviendas de protección oficial en 3.000 unidades al año, aumentar hasta los 2.500 millones el actual plan vivienda. A nivel estatal, los junteros instan al Gobierno a recuperar la deducción de la cuota del IRPF para el alquiler de vivienda habitual y también para el pago de las hipotecas. Y exigen al Estado que ponga a disposición de los municipios, consejos comarcales y de la Generalitat, de manera inmediata, todos los pisos, solares y suelos residenciales de la Sareb. Además, reclaman una propuesta legislativa para la aplicación de criterios específicos territoriales para las transferencias del Estado en materia de vivienda a la Generalitat.
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