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CRISTIAN REINO
Jueves, 26 de agosto 2021, 11:16
Por primera vez en muchos años, casi una década, Cataluña no se prepara para vivir un otoño caliente. La Diada del 11-S, con las grandes manifestaciones vividas durante el 'procés', solía ser el acto que marcaba la agenda del Govern catalán. Este año será ... distinto.
Hace dos meses, el Gobierno indultó a los nueve presos del 'procés' y dentro de un mes, el Ejecutivo central y el Govern volverán a escenificar el reinicio de un nuevo deshielo en las relaciones entre ambas administraciones en la reunión de la mesa de diálogo en Barcelona. Este es el clima que rodea a las protestas convocadas por la ANC y Òmnium Cultural para la Diada de este año. El foco de las movilizaciones ya no está en Madrid o Bruselas, como estos últimos años, sino que ahora mirarán en clave interna. El objetivo es presionar al Govern y a las fuerzas secesionistas del Parlament para que mantengan vivo el desafío independentista y no caigan seducidos por lo que algunos califican como cantos de sirena por parte de la administración central en forma de lluvia de millones para la ampliación del aeropuerto de Barcelona o la candidatura olímpica de la capital catalana junto a localidades del Pirineo.
La manifestación que prepara la ANC no puede ser más simbólica. Será una marcha clásica, que partirá de la plaza Urquinaona de Barcelona, donde se produjeron las algaradas tras la sentencia del Supremo contra los líderes secesionistas en el año 2019, y acabará en el parque de la Ciudadela, donde está el Parlament y donde se leerán los discursos, que retumbarán en el Palau de la Generalitat. El 1-O se celebrará una segunda vuelta reivindicativa de la Diada.
En un momento en que la política catalana empieza a salir, muy poco a poco, de la larga fase del 'procés', que tuvo su momento álgido en octubre de 2017, la ANC reclama que la referencia siga siendo el mandato del referéndum ilegal del 1-O.
El objetivo de la movilización es doble, según apuntan desde la entidad secesionista. Por un lado, debe servir para «activar» el frente ciudadano y «recuperar» el pulso en la calle, lo que ya supone admitir que la parroquia independentista está desmovilizada, tras la pandemia y el cansancio provocado por el fracaso del 'procés' y las continuas peleas entre ERC y Junts. Y por otro, debe servir para «presionar a las instituciones» catalanes para que no regresen al autonomismo. Hay que estar preparados, señalan en la ANC, para cuando fracase la mesa de diálogo. En ese momento, añaden, debe reactivarse la vía unilateral y hacer efectiva la independencia.
En ese punto, Junts y la CUP están de acuerdo. Los de Puigdemont abogan, si descarrilan las conversaciones entre el Gobierno y el Govern, por que se retome el camino de la secesión a las bravas, aunque no dicen cómo tiene que hacerse. Los anticapitalistas, en cambio, apuestan por la repetición de un nuevo referéndum ilegal, antes de que acabe la legislatura, en 2025. Oriol Junqueras, días atrás, afirmó que el embate democrático que postula sería un referéndum con aval internacional.
El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, advirtió este jueves de que su partido no renunciará nunca a la unilateralidad, si bien precisó que ahora no es el momento de aplicarla. Sànchez, en línea con otros dirigentes de su partido que han vaticinado el fracaso de la mesa de diálogo antes de su primer encuentro, reconoció que debe servir al secesionismo para ganar tiempo y pasar de la etapa postprocés a una siguiente fase de confrontación. «Nadie cree», dijo en Catalunya Ràdio, ni quisiera el presidente de la Generalitat, que de la mesa vaya a salir la solución al conflicto político catalán. «Necesitamos tiempo» para saber cómo puede avanzar el movimiento secesionista hacia la independencia, admitió. También presionó a Pere Aragonès para que no acepte la oferta del PSC de negociar los Presupuestos catalanes, lo que quebraría la unidad secesionista.
El expresidente de la ANC cree que la pandemia ha pasado factura a la sociedad y por extensión al movimiento independentista, pero que volverá a haber una «gran manifestación» con «cientos de miles» de personas.
La justicia escocesa decidió este jueves no extraditar a Clara Ponsatí a España para ser juzgada por sedición, como reclama el Tribunal Supremo, al entender que no es competente para ello, ya que la dirigente secesionista ya no reside en el Reino Unido. La exconsejera de Educación, huida junto a Carles Puigdemont en Bruselas, fijó en un primer momento su residencia en Escocia, pero más tarde, tras ser elegida europarlamentaria, se instaló en Bruselas, con el expresidente de la Generalitat. De esta forma, el tribunal de Edimburgo archiva la euroorden contra la líder nacionalista y devuelve el expediente a la justicia española, que deberá ahora decidir si cursa una nueva petición de extradición a la exconsejera, en este caso en la justicia belga, que hasta la fecha se ha mostrado esquiva a las peticiones del Tribunal Supremo en el caso de Carles Puigdemont. Pablo Llarena está a la espera de una respuesta a la presentación que hizo de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que determine el alcance de las euroórdenes.
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