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En una semana, y ante la perpectiva cierta de que la legislatura diera la impresión de entrar en barrena con derrota en la votación de la senda de estabilidad presupuestaria en el Congreso, el Gobierno ha movido aceleradamente las fichas del cortejo a Junts. ... A la nueva reunión en Suiza con Carles Puigdemont le siguió la retirada de la propuesta de déficit y deuda para que Hacienda emprenda otra incierta negociación con los independentistas; y en medio, el ministro Albares ha vuelto a dirigirse a la UE para avanzar en la oficialidad del catalán, la Abogacía del Estado ha recusado al magistrado conservador del TC José María Macías en la deliberación sobre la amnistía y los socialistas han reactivado las controvertidas comisiones de investigación sobre los atentados yihadistas del 17-A y la 'Operación Cataluña'.
Pero donde el Gobierno ve «margen» para salvar el techo de gasto –el primer listón de los Presupuestos– y los socios más optimistas –Sumar y Bildu– una ocasión para reconducir las curvas de la legislatura, Junts interpreta que los gestos nos son tales porque buena parte de las cesiones ya estaban pactadas en el acuerdo gracias al que Pedro Sánchez retuvo la Moncloa. Y aunque se abren –«como siempre», enfatizan– a dialogar y transaccionar, fuentes del partido de Puigdemont lanzan un aviso y una constatación.
El aviso: «Vibrar no es moverse», en alusión al fuste que exigen al Gobierno para dar luz verde a los límites de déficit y deuda, cuya votación iba a celebrarse este jueves y que ha quedado pospuesta 'sine die'. La constatación: «No hay negociación» alguna en marcha sobre los Presupuestos, que están residenciados en «una carpeta» distinta a la del techo de gasto y a otros compromisos pendientes, como la transferencia «integral» –el Ejecutivo descarta el adjetivo– de las competencias sobre inmigración a Cataluña acordada en enero. Aplazado el Rubicón de la senda de estabilidad de este jueves y constatado que el Gobierno no presentará las Cuentas públicas para el 30 de septiembre como mandata la Constitución, Sánchez ha admitido incluso, desde la distancia de su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, que enfría el proyecto presupuestario hasta ver cómo se resuelven los congresos de Junts (finales de octubre) y de Esquerra (finales de noviembre).
Pero esta dilación preventiva no parece que vaya ahorrarle al presidente el martirio de las negociaciones «pieza a pieza» con los junteros, tal y como le anticipó Puigdemont, por si no había quedado claro aún, en un mensaje enviado en las redes sociales después de su cita mensual con el socialista Santos Cerdán en Ginebra. Y «la pieza» que ahora está sobre la mesa es la senda de estabilidad, tras semanas de un silencio gubernamental que los soberanistas dicen no comprender dado que la legislatura pende de sus siete escaños en el Congreso; y del que llegaron a deducir que los socialistas habían aproximado posiciones con el PP.
Con su advertencia de que «vibrar no es moverse», Junts busca reafirmarse en el perfil exigente con el que ha obtenido concesiones de Sánchez de tanto calado como la ley de amnistía y con el que, también, ambiciona volver a erigirse en el gran conseguidor del soberanismo; sobre todo después del pacto de ERC con el PSC para dotar a Cataluña de un concierto económico. La baza de jugar con el techo de gasto es propicia porque puede obligar al Ejecutivo a ampliar la dotación para las comunidades en el reparto del déficit y su eventual aprobación no compromete el refrendo final de los Presupuestos. Esa será otra negociación por emprender.
De saque, los de Puigdemont sostienen que la propuesta que Hacienda ha dejado en 'stand-by' «no es nada buena» para lo que persiguen. Una propuesta que fija un objetivo de déficit del 2,5% del PIB, del cual se permite al Estado el 2,2% –es decir, el 88% del total– y a las comunidades el 0,1% –el 4% del conjunto–. Junts opone a la misma un acuerdo del Parlament de 2014, con la autoría de Esquerra y avalado por el PSC, en el que se reclamaba la elevación a un tercio para las autonomías de la distribución del déficit.
«No tenemos el poder institucional, lo que nos queda es defender las mayorías institucionales», justifican las fuentes de la formación para rescatar el acuerdo en Cataluña de hace una década, que compromete a la ERC con la que compiten y al PSC hoy al frente de la Generalitat. Hacienda ya ha anticipado su 'no' al planteamiento de Junts, que supondría, según los cálculos efectuados por este periódico, multiplicar por ocho el margen de déficit autonómico y pasar de 1.600 millones a 13.000.
Así, la incógnita es hasta dónde cabe que ceda el Gobierno y qué será suficiente para Junts. Y ello sin olvidar que ERC –que anunció este jueves que ya ha trasladado su reivindicación a Hacienda sin desvelarla– y Podemos, molestos con que se privilegie a los de Puigdemont, han exigido al Ejecutivo poner el contador a cero en la negociación de la senda de estabilidad. Este jueves, al calor de la comparecencia de la vicepresidenta Montero en el Congreso sobre financiación autonómica, Junts y Esquerra se engancharon entre acusaciones de los primeros de «mentir por electoralismo barato» sobre que el pacto con el Gobierno sea un concierto económico y la reprobación de los republicanos a los postconvergentes por creerse «los dueños de la finca».
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