El pleno del Congreso se abre a iniciar la tramitación para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y limitar el alquiler de temporada y habitacional. Tras una primera intentona de septiembre, cuando el texto fue tumbado por Junts en otra jornada agónica uniendo ... sus votos a los de PP y Vox, la nueva propuesta legislativa incluye modificaciones para atraer los siete votos de los postconvergentes, indispensables para su toma en consideración. En aquella ocasión la formación que lidera Carles Puigdemont justificó el sentido de su voto en que la norma -que partía de los sindicatos de inquilinos e hicieron suyas las formaciones de izquierdas- no proporcionaba seguridad jurídica, no protegía a los propietarios e invadía las competencias de Cataluña.
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La nueva propuesta impulsada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG sale adelante con los votos de los socios de investidura. El texto incluye modificaciones para atraer el apoyo de los postconvergentes como la ampliación del contrato de temporada de 6 a 9 meses, elimina la propuesta que permitía a los inquilinos subarrendar el piso o traspasar el contrato a otro e incorpora una disposición adicional que especifica que esta modificación no invadirá competencias autonómicas, tal y como exigen los de Puigdemont.
Pero el debate para la elaboración de la ley no se antoja fácil por las diferencias entre los grupos tal y como ha quedado de manifiesto en el pleno. La diputada de Junts Marta Madrenas avisó que deja pasar la ley sólo para empezar a negociar el texto, pues lo consideran un «retoque legislativo». «Hemos accedido a hablar y a debatir sobre el alquiler de temporada», ha confirmado Madrenas, al tiempo que ha advertido que sólo dan su sí al debate, pero no al texto en sí porque no enfrenta el principal problema de la vivienda, que es la falta de inmuebles. El PNV, que ya la apoyó en septiembre, volvió a advertir que introducirá enmiendas.
Los grupos a la izquierda del PSOE unieron sus voces para destacar el hartazgo de la ciudadanía, «que nos interpela a todos, también al PP», ha insistido la portavoz de Sumar, Gala Pin, y el «gran drama que estamos teniendo las izquierdas en este país», ha defendido Pilar Vallugera de ERC, «que prometemos, legislamos pero la gente no lo ve reflejado en sus vidas».
En esta misma línea, Óskar Matute, de EH Bildu, ha calificado la actual ley de alquiler vacacional como «la última escombrera de la degradacion del derecho a la vivienda» y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha hablado del sistema de vivienda «enormemente violento con la gente» que existe en España. Asimismo, la dirigente morada ha amenazado al PSOE con apoyar el veto del Senado a la ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia si el Gobierno no se compromete a eliminar la enmienda sobre desahucios exprés introducida por el PNV. Una advertencia que se ha topado con el rechazo de los nacionalistas vascos. «Podemos miente», ha afirmado su diputada Maribel Vaquero, defendiendo que la enmienda del PNV a esta norma «va sobre okupación, no sobre desahucios.
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