Torra tiene 24 horas para retirar las esteladas y los lazos de las consejerías

Desde el Palau en la plaza de Sant Jaume hasta la última dependencia de la administración catalana tienen algún símbolo que delata la fe en la independencia de sus responsables o de los empleados públicos que allí trabajan. Algunos edificios tienen pancartas en sus fachadas, y en casi todos hay esteladas o fotos de los líderes en prisión y lazos amarillos en solidaridad con los encarcelados. Para este martes no debe quedar ni rastro. Así lo dispuso este lunes la Junta Electoral Central que, tras reunirse en el Congreso, prorrogó un día más el ultimátum planteado hace una semana.

El órgano de arbitraje desestimó el recurso presentado por Torra y argumentó que las banderas secesionistas «simbolizan las aspiraciones de una parte de la sociedad catalana», la que se declara independentistas, «pero no de toda ella». Es, añadió, un símbolo «legítimo» que las fuerzas secesionistas pueden emplear en su propaganda electoral, pero «no lo pueden hacer los poderes públicos» porque deben mantener «una rigurosa neutralidad política».

El principio democrático, alegado por Torra para defender la presencia de pancartas, lazos y banderas, «no puede desvincularse de la primacía incondicional de la Constitución», que establece que «toda decisión del poder quede, sin excepción, sujeta a la Constitución» sin que haya margen para «ámbitos de impunidad». La Junta Electoral sostiene que estos principios también son aplicables a la exhibición de los lazos amarillos y niega que el rechazo del Parlamento de Cataluña a dos proposiciones que pedían prohibir su presencia en lugares públicos puede alegarse como razón para defender su exhibición.

Los magistrados y catedráticos que componen el órgano de arbitraje desestimaron asimismo las dificultades legales aducidas por Torra para cumplir el requerimiento. Tampoco tomaron en consideración las apelaciones a la libertad de expresión de los funcionarios porque «ese derecho no incluye la utilización de edificios y lugares públicos de forma partidista».

La Junta Electoral advirtió a Torra de que si desoye, como ya ha anunciado, sus órdenes incurrirá en responsabilidades administrativas, pero también «penales» si persiste en la desobediencia. Encargó además a la delegada del Gobierno en Cataluña, la socialista Teresa Cunillera, que informe si se ha cumplido la resolución en las 24 horas concedidas.

El presidente de la Generalitat se enfrenta a tres opciones: cumplir el mandato, obviarlo o recurrir al Supremo, para lo que tiene dos meses de plazo. Si persiste en la desobediencia corre un riesgo serio de inhabilitación porque existen precedentes de ese castigo para situaciones similares. La alcaldesa de la localidad barcelonesa de Berga fue condenada a seis meses inhabilitación como regidora por negarse a descolgar una estelada de la fachada del consistorio en las elecciones autonómicas y municipales de 2015.