Junqueras y Romeva piden la suspensión de sus penas por el coronavirus

«Existe una grave afectación al derecho a la vida, a la integridad física y moral, el derecho a la dignidad y el derecho a la vida familiar de mis clientes», según los letrados de los líderes secesionistas. La situación actual de emergencia sanitaria «requiere aún mayor urgencia en la resolución de la solicitud planteada con atención a las circunstancias excepcionales concurrentes, y sin que ello suponga avanzar la resolución del fondo del asunto», señalan los abogados que ya presentaron un recurso y pidieron la suspensión de la ejecución de la pena al considerar que sus clientes vieron afectados «sus derechos a un juicio justo, a la libertad y el derecho a la participación y representación política».

El recurso pide protección para los presos del 'procés' para evitar daños «irreparables» y recuerda que el Ministerio del Interior ha reconocido que la crisis sanitaria que estamos sufriendo resulta «especialmente gravosa» en los centros penitenciarios, siendo consideradas las personas internas como un «colectivo vulnerable». La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo de Europa han pedido a los Estados «alternativas a la prisión ante el efecto del Covid-19 en las cárceles», apuntan los abogados de los dirigentes republicanos.

En cuanto a los requisitos a tener en cuenta a la hora de acordar la suspensión de la ejecución de la pena y «más en concreto en cuanto al eventual riesgo de fuga que pudiera alegarse de contrario», los letrados de los dos líderes de ERC apuntan que la situación actual de emergencia sanitaria y estado de alarma «elimina cualquier riesgo», puesto que la obligación de confinamiento y prohibición de circulación no justificada hace «imposible la sustracción a la justicia». «Obligación que podría añadirse a cualquier otra que estableciera el Tribunal dentro de sus facultades, protegiendo en todo caso los derechos del recurrente a no sufrir un daño irreparable», rematan.

En la misma línea, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, condenado a nueve años de prisión, pidió la semana pasada al Tribunal Constitucional su puesta en libertad para poder pasar el confinamiento en casa y dirigir su propia empresa. Su defensa presentó un escrito al Constitucional pidiendo esta medida extraordinaria de urgencia, ante la excepcionalidad del momento y del estado de alarma. El equipo de abogados de Jordi Cuixart aseguró que encontrarse cumpliendo la pena de prisión mientras se resuelve el recurso de amparo en este contexto de pandemia le puede provocar «perjuicios irreparables de una magnitud incontestable». Cuixart denuncia que, como empresario, y a pesar de tener aprobada la aplicación del artículo 100.2 para dirigir su propia empresa, tiene que hacer frente a la gestión de la actual emergencia sanitaria, social y económica desde el confinamiento de una celda de la prisión de Lledoners, y sólo con breves llamadas de 8 minutos.