Visto para sentencia el juicio por la pieza política de los ERE tras un año de sesiones

El proceso, que enjuicia las políticas de Empleo puestas en marcha por el PSOE entre 2001 y 2010 mediante el reparto de hasta 700 millones de euros en ayudas públicas a empresas en crisis a fin de evitar conflictos sociales, termina igual que empezó. Tras 152 sesiones en los juzgados, algunas exhaustivamente técnicas, y la participación de 150 testigos y una docena de peritos, todos los inculpados han defendido su inocencia y que nunca supieron de las supuestas irregularidades que se produjeron a cuenta de los procesos de reestructuración de empresas con coste al erario público. Un desconocimiento basado en la ausencia de informe de actuación por parte del exinterventor general de la Junta, pero también en el convencimiento de que, al ser incluidas las ayudas en los Presupuestos autonómicos, con rango de ley y aprobados anualmente por el Parlamento regional, eran correctas.

Tanto Chaves y Griñán como el resto de exconsejeros, ex viceconsejeros y exaltos cargos de al menos tres consejerías, Empleo, Hacienda e Innovación, están acusados de los delitos de prevaricación y malversación, y se enfrentan según los casos a penas de entre 4 y 10 años de cárcel. Ninguno de ellos hizo uso del turno de última palabra más que para agradecer el trabajo de la sala y, en el caso de Chaves, alabar la «experiencia vital vivida» con las intensas sesiones técnicas.

La Fiscalía entiende que en la cúpula de la administración hubo una suerte de confabulación política para idear un sistema, las transferencias de financiación, que permitiera dar las ayudas sociolaborales y a empresas en situación de crisis de manera arbitraria y al margen de cualquier fiscalización previa del gasto público por parte de la Intervención.

Una tesis que desmienten las defensas de los acusados, que como en el caso de Griñán, reprocharon la ausencia de pruebas y que las inculpaciones se basen en «juicios de valor». Así, en su escrito final de conclusiones, el letrado del expresidente lamentó que en el informe de la Intervención General del Estado, principal prueba de cargo, y los peritos encargados de elaborarlo, se acuse con expresiones como «pudo haber conocido», «debía haber conocido» o «tenía que conocer». «Es inadmisible», dijo el abogado, «dar condición de prueba de un hecho subjetivo a una pura reflexión valorativa». Por su parte, el exinterventor general lamentó también que todos los exaltos cargos le usaran para eludir sus responsabilidades con el argumento de que no emitió el informe de actuación necesario para poner fin a las ayudas. Año tras año, dijo su defensa, los informes alertaron del «uso inadecuado de las transferencias de financiación», y eran «conocido por todos los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía», por lo que eran ellos quienes tenían en su mano la opción de frenar el sistema de ayudas.

El tribunal, por tanto, deberá determinar ahora si el procedimiento implantado para agilizar la tramitación de las ayudas era ilegal y si hubo una trama organizada para favorecer el fraude. O por el contrario, si el fraude, que ninguna parte niega, se produjo en la tramitación de cada una de esas ayudas, y que dio lugar por ejemplo al centenar de intrusos que aparecieron en los listados de prejubilaciones de algunas empresas sin que jamás hubieran trabajado en ellas.

En este sentido, algunos acusados han llamado la atención sobre el hecho de que se cuestionen unas ayudas que beneficiaron a 6.800 trabajadores que se prejubilaron con ellas y que, sin embargo, no se les haya llamado a declarar y sigan cobrando ese dinero sin que Fiscalía ni acusaciones particulares les reclamen la devolución de los fondos. Una situación que llevó a la defensa del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, a subrayar la dificultad de condenar por malversación de caudales públicos al no haberse cuantificado las cifras malversadas. Muchos de los acusados también han hecho hincapié en la indefensión que las «imprecisiones» del escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción ha causado a los procesados, e incluso en los «déficits» del proceso de instrucción iniciado por la juez Mercedes Alaya a finales de 2010.