El juicio a los Pujol se celebrará en noviembre de 2025, 11 años después de abrirse la causa

En una diligencia de la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), la Sección Primera de la Sala Penal fija las sesiones de esta vista, 55 en total, hasta abril de 2026 y el tribunal estará formado por las magistradas María Riera, como presidenta, María Fernanda García, como ponente de la sentencia, y Carolina Rius.

El juicio llegará 11 años después de que un juzgado de Barcelona imputara por primera vez al matrimonio Pujol Ferrusola y tres de sus hijos por la fortuna oculta durante más de tres décadas en Andorra al considerar "sospechoso" que los fondos provengan de una herencia del abuelo Florenci sobre la que no aportaron "ninguna documentación".

En otra resolución, la Sala ha dictado el auto de admisión de prueba en el que acepta la declaración de 39 testigos siempre y cuando las partes faciliten los datos para poder ser localizados. En el caso de otros 50 testigos, como el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el ex director operativo de la Policía Eugenio Pino y otros agentes, el tribunal requiere a las partes para que en el plazo de diez días justifiquen la necesidad y utilidad de estas testificales.

Cabe recordar que el juez instructor Santiago Pedraz acordó en junio de 2021 llevar al banquillo de los acusados a toda la familia, a excepción de Marta Ferrusola (a la que exoneró antes de fallecer por su demencia severa), así como a otras personas, entre ellas Mercé Gironés, la exmujer del primogénito Jordi Pujol Ferrusola, y varios empresarios.

Les imputó presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, delito de frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública. Para garantizar las posibles responsabilidades civiles por estos últimos, pidió a Jordi Pujol Ferrusola que depositase 7,5 millones de euros y a su ex mujer, otros 400.000 euros.

De esta forma, el instructor siguió los pasos de la Fiscalía Anticorrupción, que dirigió su acusación provisional contra toda la familia, pidiendo nueve años de cárcel para el patriarca y hasta 29 para su hijo mayor, mientras que la Abogacía del Estado apuntó solo al primogénito, su exmujer y otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, interesando para ellos 25, 17 y cuatro años de prisión, respectivamente.

En el auto con el que puso fin a la instrucción, en el año 2020, el juez detalló que conformaron presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas", acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".