El juicio al 'procés', protagonista en la próxima temporada judicial

Será sin duda el protagonista de la próxima temporada judicial, sin olvidar la causa que planea sobre el presidente del PP, Pablo Casado, en relación a las supuestas irregularidades de su máster, y sobre la que el alto tribunal todavía tiene que decidir si asume o no la investigación contra el líder popular.

La primera decisión clave relacionada con la causa del 'procés' vendrá de la mano de un tribunal de otro país. Un juez belga debe decidir si admite a trámite la demanda civil que el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers interpusieron contra el instructor del procedimiento, Pablo Llarena.

El juez del Supremo está citado este martes -aunque no tiene por qué acudir- y, tras una semana de polémica sobre si su defensa correría a cargo del Estado, finalmente el Gobierno lo consideró una «cuestión de Estado» y contrató a un bufete belga con un presupuesto de más de medio millón de euros para que se encargue de la misma.

Un día después, una sala especial del Supremo, la Sala del 61, presidida por Carlos Lesmes, decidirá otra cuestión que afecta de manera directa a otros magistrados del alto tribunal: las recusaciones de los jueces encargados de enjuiciar a los líderes secesionistas.

Una vez zanjado este asunto, la Sala que definitivamente enjuiciará a la cúpula del 'procés' deberá confirmar el cierre de la instrucción y decretar apertura de juicio oral para que, una vez las partes presenten sus escritos y alegaciones, se fije la fecha del juicio.

Aunque fuentes jurídicas consultadas por Efe calculan que el juicio no se demorará más allá de diciembre, todo está en el aire dado que en este momento la causa está parada y los plazos pueden prorrogarse a petición de las partes.

En cualquier caso, solo 18 de los 25 procesados se sentarán en el banquillo por la convocatoria y celebración del reférendum del 1-O, los actos violentos que se desencadenaron y la declaración unilateral de independencia.

Los otros siete, con Puigdemont a la cabeza, se encuentran en rebeldía desde que el juez Llarena retiró las órdenes de detención europeas tras el rechazo de Alemania de entregar al expresident por rebelión.

De esos 18, a nueve se les atribuye un delito de rebelión -penado con hasta 25 años de cárcel-, entre ellos el exvicepresident Oriol Junqueras y cinco exconsellers, en prisión desde hace meses.

Es el delito más grave por el que pueden ser condenados y que hasta ahora se ha sustentado en la tesis del Supremo sobre la existencia de violencia y la posibilidad de que exista una «rebelión sin armas».

No estará entre ellos el expresidente catalán Artur Mas, que se libró del procesamiento, pero a quien el nuevo curso judicial también le afectará; el Supremo debe revisar la condena de inhabilitación que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a él y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta del 9N en 2014.

También relacionado con el 'procés', más bien con la vertiente policial, en otro tribunal a escasos metros del Supremo, en la Audiencia Nacional, avanzará la causa contra el mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero y sus jefes políticos, el exdirector del Cuerpo Pere Soler y el exsecretario de Interior César Puig.

Procesados por sedición y organización criminal, la causa está a la espera de que se presenten los escritos de acusación y defensa y se abra juicio, lo que no quiere decir que la vista se vaya a celebrar pronto.

Ya fuera de este asunto, el Supremo debe decidir en las próximas semanas si abre investigación por prevaricación administrativa y cohecho impropio contra Pablo Casado ante los «indicios de criminalidad» detectados por la jueza que instruía el caso de su máster.

Según la magistrada, Casado pudo ser uno de los «alumnos elegidos» a los que le regalaron el máster en el curso 2008-2009 en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid debido a «su relevancia política e institucional».

Pendiente del Supremo está también la esfera económica, expectante de conocer si el alto tribunal ratifica la condena de cuatro años y medio de cárcel para el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por apropiación indebida en el caso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid.

De confirmarse la sentencia de la Audiencia Nacional, el exministro de Economía podría ingresar en prisión poco antes de que en noviembre dé comienzo su segundo gran proceso pendiente, el juicio de la salida a Bolsa de Bankia, en el que se enfrenta a cinco años de cárcel por estafa a los inversores