Juicio al proceso que desafió al Estado

El juicio llega, además, en un momento relevante para la estabilidad de la legislatura, con la incógnita de la aprobación de los presupuestos proyectando sobre el Supremo y la oposición exigiendo en la calle al Gobierno la convocatoria de elecciones.

Los acusados, nueve de los cuales están en prisión preventiva por riesgo de fuga, se enfrentan a penas conjuntas que suman 177 años de prisión y 204 años de inhabilitación absoluta. En su condición de presunto cabecilla, el actual presidente de Esquerra Republicana (ERC) Oriol Junqueras tiene el horizonte más complicado con una petición de cárcel de hasta 25 años como promotor de la rebelión. En segunda fila, con una petición de 17 años, están la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, también de ERC, y los dos líderes sociales del independentismo: Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; mientras que la Fiscalía reclama al resto de los encausados entre 7 y 16 años de prisión, respectivamente.

En su defensa del interés general, el Ministerio Fiscal sostendrá en el juicio que los encausados promovieron un plan secesionista desde las instituciones catalanas que puso en «grave peligro» el orden constitucional del Estado. Para ello incumplieron la legalidad estatutaria y las resoluciones administrativas y judiciales con el «objetivo último» de declarar la independencia de Cataluña y obligar al Estado a aceptar la separación de facto. Una finalidad rebelde que estuvieron «a punto de lograr» con sus actos delictivos.

Para defender la comisión de estos graves delitos, los fiscales tratarán de convencer al tribunal -formado por siete magistrados- de que el plan contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida la «violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido». Se valían para ello de la fuerza intimidatoria que representaban, por un lado, la «actuación tumultuaria» desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas por los acusados; y del otro, del uso de los Mossos d'Esquadra como cuerpo policial armado integrado por 17.000 agentes.

Este es, en resumen, el relato acusatorio de la Fiscalía, que sí aprecia la presencia de violencia en la ejecución del 'procés' y, por lo tanto, de rebelión. En contraposición, el tribunal conocerá la versión más edulcorada de los hechos delictivos que presenta la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno y de los intereses estatales (en este caso a través del delito de malversación de caudales públicos: 1,9 millones de euros para promover el referéndum del 1 de octubre de 2017 anulado por el Tribunal Constitucional).

Los servicios jurídicos dependientes del Ministerio de Justicia parten de la premisa de que no hubo rebelión ni violencia, sino un delito de sedición. Esto es, «alzarse pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales». El resultado es que la petición de penas máximas se reduce a la mitad para Junqueras, 12 años de prisión, y entre 7 y 11 años y medio para el resto de procesados.

En cambio, la acusación popular del procedimiento, representada por el partido Vox, endurece su petición en línea con la tesis política de que hubo un «golpe de Estado» en Cataluña. Así, eleva hasta los 74 años de cárcel su reclamación para el líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña por dos delitos de rebelión, uno de organización criminal y otro de malversación. Mismas penas por los mismos delitos para cinco de los exconsejeros presos: Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull. Mientras que pare el resto oscilan entre 24 y 52 años.

Las defensas de los 12 procesados, como es obvio, comparten en sus escritos los mismos fines, la absolución de sus clientes, pero no los medios para conseguirlo. Pretenden que sean absueltos o esquiven, al menos, una abultada pena de prisión. Pero cada uno ha trazado su propio camino. Hay quienes plantearán un «juicio político» -que dan por perdido de antemano- y fían todo su suerte a una segunda vuelta en la justicia europea. Y los hay que, por el contrario, se ven capaces de ganar la batalla jurídica y de convencer al tribunal presidio por Manuel Marchena -ponente a su vez de la sentencia- de que no hubo rebelión, sedición ni malversación.

Las alusiones a la naturaleza política del sumario y a la supuesta vulneración de derechos fundamentales son una constante de casi todos los alegatos. Y algunos, como el abogado de Cuixart, consideran que el procedimiento no es más que un juicio contra derechos básicos (expresión, reunión o autodeterminación) cuya misión ha sido «proteger a toda costa la unidad territorial española» mediante una acción «concertada» de los «poderes del Estado», encabezado por la Fiscalía y la Casa Real.

En cambio, la aproximación del letrado de Joaquim Forn, exconsejero de Interior, es notoriamente distinta. Javier Melero -defensor del expresidente Artur Mas en el juicio por la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, castigada hace dos semanas como un delito de desobediencia- ha negado, en declaraciones públicas, que el del 'procés' sea un juicio político y ha destacado el «prestigio» del Supremo. Su escrito ahonda en negar la responsabilidad de su cliente: no hubo «ningún enfrentamiento ni algarada», no dio instrucciones a los Mossos sobre cómo actuar ante el 1-0, la declaración independentista del Parlament fue «simbólica» y se acató de inmediato la aplicación del artículo 155. Estas son, grosso modo, la piezas del juicio al 'procés', la vista oral más trascendental que se recuerda porque tocó las entrañas del Estado y por sus consecuencias políticas y sociales.