El juicio del 'procés' se atasca en el relato de la violencia de policías y ciudadanos

Y todo ello, cuando toda esta polémica no le interesa lo más mínimo al tribunal. El Supremo tendrá que valorar exclusivamente si los nueve líderes independentistas que se sientan en el banquillo trataron de rebelarse contra el Estado para declarar la independencia de una parte del país. No si la actuación policial el día del referéndum fue más o menos proporcionada, algo que tendrán que dilucidar los juzgados catalanes en los que se dirimen las denuncias de los ciudadanos contra los antidisturbios de la Policía Nacional y Guardia Civil.

Los continuos avisos de Marchena a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y, sobre todo,a las defensas de los procesados para 'atenerse a la cuestión' están siendo baldíos. «No vamos a perder un minuto en indagar qué ocurrió en unos hechos que escapan a este tribunal», ha avisado hasta la saciedad el presidente. Pero ni caso. Unos y otros insisten, para la desesperación del tribunal, en la 'batalla del relato de la violencia'.

Y lo que queda, porque, por mucho que Marchena se queje, ha sido el propio tribunal el que en su día dio 'barra libre' a este tipo de proceso cuando aceptó que 400 de los más de 500 testigos fueran citados exclusivamente por haber estado -en uno u otro lado de la trinchera- en los disturbios del 1-O y, en menor medida, en los altercados que tuvieron lugar en los registros del 20 de septiembre de 2017, entre ellos el famoso 'asedio' a la comitiva judicial en el registro de la Consejería de Economía y Vicepresidencia.

La sala, explican fuentes cercanas del tribunal, terminó aceptando esta avalancha de testigos de refriegas (asumiendo el riesgo de que el juicio derivara por derroteros ajenos al objeto del proceso) para no poner cortapisas a las diferentes partes a la hora de probar o desmentir la violencia durante la intentona secesionista, condición 'sine qua non' para hablar del delito de rebelión.

Así las cosas -y cuando el juicio cumple exactamente dos meses de duración con 30 jornadas lectivas- hasta ahora- han sido ya más de 60 las horas de relatos de funcionarios de la Guardia Civil y la Policía sobre la violencia que afirman haber sufrido en Cataluña en otoño de 2017, sobre todo durante el cierre de los 92 colegios clausurados por las fuerzas de seguridad del Estado el 1-O.

Cerca de los 110 de los 180 testigos que han pasado por el Supremo desde que el 12 de febrero comenzara la vista oral han estado centrados exclusivamente en el relato de la violencia por parte de los manifestantes. En muchos casos, además, han sido testimonios recurrentes sobre el mismo hecho (hasta seis agentes han sido citados para explicar el mismo altercado). En otros casos, los funcionarios han sido convocados exclusivamente para relatar cómo recibieron un impacto con una moneda en una mejilla o describir el esguince en un dedo.

Con el nivel de detalle y reiteración que el tribunal ha permitido -y va a permitir hasta después de Semana Santa a los testigos de las acusaciones, Marchena no va a arriesgarse a que le acusen de parcial. Dejará que 200 testigos de las defensas, sobre todo ciudadanos lesionados el 1-O, hagan el contrarelato a la Policía. La réplica ciudadana a los agentes durará hasta junio y se espera igualmente exhaustiva. Un larguísimo 'déjà vu' desde el otro lado.