Juicio a las obras en negro del viejo PP

Los casos 'Gürtel', 'Púnica', 'Lezo' o 'Kitchen' siguen sobresaltando al equipo de Casado cuando más centrados estaban en diferenciarse de sus grandes amenazas en el espacio político compartido: Ciudadanos al centro y, sobre todo, Vox a la derecha.

El juicio que comenzará el lunes 8 de febrero en la Audiencia Nacional volverá a mirar al pasado. A las prácticas del viejo PP que le costaron salir abruptamente del Gobierno tras la moción de censura de junio de 2018. En esta ocasión la piedra de la mochila es una pieza separada de la causa de la 'caja B' a través de los 'papeles de Bárcenas'.

El tribunal de la Sección Segunda de lo Penal examinará durante 40 sesiones, hasta el próximo 20 de mayo si la pandemia no lo alarga, si las obras de la reforma de la sede nacional, iniciadas en 2006, fueron pagadas con la contabilidad paralela. Un depósito que manejaban los extesoreros Luis Bárcenas y el fallecido Álvaro Lapuerta, tal y como confirmó el Tribunal Supremo en la sentencia de la pieza principal del 'caso Gürtel'.

Tras una larga serie de avatares desde que la causa llegara a la Sala en 2015 una vez finalizada la instrucción, el tribunal compuesto por José Antonio Mora, Fernando Andreu y María Fernanda García se adentrará de lleno, esta vez sí, en el análisis de la existencia de una 'caja B' en el PP durante cerca de dos décadas: 1990-2009.

Por estos hechos se sentarán en el banquillo Luis Bárcenas (se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión por presunta apropiación indebida, falsedad documental y delito fiscal), el exgerente Cristóbal Páez (18 meses de cárcel) y los responsables de Unifica, la empresa que se encargó de la reforma: Gonzalo Urquijo y Belén García, para quienes piden tres años y diez meses, y la empleada Laura Montero, señalada solo por la acción popular.

La Fiscalía no vio delito tributario del PP, como persona jurídica, en las donaciones de empresarios reflejadas en los 'papeles de Bárcenas' a cambio de adjudicaciones, aunque sí considera a la formación responsable civil por los presuntos pagos en negro de las obras procedentes de la 'caja B'. Por este motivo, el PP tuvo que prestar antes de la vista oral una fianza de 1,2 millones por los 888.000 euros que se pudieron abonar en negro por la reforma del edificio de la calle Génova 13 de Madrid.

Más allá de los acusados, el morbo mediático llegará en la parte testifical. La Sala ha admitido una larga lista de comparecientes propuestos por las acusaciones y las defensas. Destacan los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy; los exministros Francisco Álvarez-Cascos y Rodrigo Rato; el expresidente del Senado Pío García Escudero; ex secretarios generales como María Dolores de Cospedal y Javier Arenas; y los exdirigentes nacionales José María Michavila y Federico Trillo.

También testificarán empresarios que aparecen en los 'papeles de Bárcenas' como el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, Luis del Rivero, José Mayor Oreja y Juan Roig o dos constructores vinculados a la 'caja B' del PP: Alfonso García Pozuelo y Rafael Palencia. Ambos han reconocido a lo largo de la instrucción haber entregado pagos al partido para costear campañas electorales y otros gastos a cambio de recibir obra pública.

Conscientes de la presencia de estos pesos pesados, la defensa del PP intentó sin éxito en noviembre acortar al máximo la vista para evitar «cuatro meses de pena de banquillo». Reclamaron que todas las acusaciones populares que van a litigar, siete en total, se unificasen bajo un solo letrado y un solo procurador. Pero el tribunal rechazó de plano esta petición porque prima el derecho de defensa. Además, una de las grandes incógnitas del juicio será ver la estrategia de la nueva defensa de Bárcenas, una vez que su mujer entró en la cárcel hace casi tres meses por el 'caso Gürtel'.