Sin juicio cinco años después de la confesión de la herencia de los Pujol

«Mi padre Florenci Pujol i Brugat dispuso como última voluntad específica que un dinero ubicado en el extranjero -diferente al comprometido en su testamento-, rendimiento de una actividad económica de la cual ya se ha escrito y comentado, y que no se encontraba regularizado en el momento de su muerte en septiembre de 1980, fuese destinado a mis siete hijos y mi esposa».

Esas fueron las primeras palabras de la confesión de dos páginas enviada por el abogado de Pujol a varias redacciones hace ahora exactamente cinco años con la que, según los especialistas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que por entonces ya le seguían los pasos, el expresident quiso hacer de escudo para intentar exonerar a su mujer y a sus siete hijos, quienes estaban desde hacía meses en el punto de mira de los investigadores.

El exmandatario pretendía hacer creer que en los 34 años que habían pasado entonces desde el cobro de la herencia hasta días antes de esa confesión en julio de 2014 no había tenido tiempo de regularizar ese dinero. Pujol también pretendía hacer creer que aquellos 140 millones de pesetas de 1980 se habían trasformado en una fortuna incalculable (en cualquier caso superior al centenar de millones de euros) solo por el buen hacer en el mundo de los negocios de sus vástagos.

La UDEF no dio el menor crédito a las sentidas explicaciones del expresidente de Cataluña. Pujol dio ese paso, según los investigadores, porque «sentía el aliento» de los investigadores en el cogote y porque era consciente de que el juez que entonces indagaba al clan, Pablo Ruz, le iba a citar en breve para declarar. Para cuando el expresidente decidió entonar el 'supuesto' mea culpa, las pesquisas policiales ya cuantifican la fortuna evadida en 165 millones de francos suizos, unos 135,8 millones de euros de la época. Un patrimonio familiar depositado en bancos de Suiza y Liechtenstein, pero con derivaciones financieras en Andorra, Argentina, Croacia, Gabón, Uruguay, Estados Unidos, México, Islas Caimán, y Francia.

Un lustro después de aquella maniobra autoinculpatoria, lo cierto es que la causa contra el clan Pujol está prácticamente estancada. Es cierto que el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, mantiene imputados al exjefe de Gobierno autonómico, a su mujer, Marta Ferrusola, y a sus siete hijos, pero la investigación apenas ha avanzado desde 2017 y nadie en el tribunal de la calle Génova se atreve a vaticinar cuando se acabará la instrucción, y mucho menos, cuando se celebrará el juicio.

El único de los nueve imputados que ha pasado por la cárcel fruto de este sumario sobre la herencia, es el primogénito del clan, Jordi Pujol Ferrusola. 'Junior', como se le conoce en el ámbito de los tribunales, fue -según han declarado todos los imputados- el encargado de gestionar la herencia del abuelo Florenci. Pero 'Junior' no pasó entre abril y diciembre de 2017 en la prisión de Soto del Real por ser el administrador del legado sin más, sino acusado de los delitos de blanqueo continuado de capitales, fraude fiscal y falsedad documental, por haber ocultado al fisco más de 30 millones de euros a través de una fortuna societaria dedicada a evadir el capital al extranjero y de controlar las cuentas de los demás miembros de la familia.