Juicio por la agresión de Alsasua: «Me encaré con el teniente por unas multas, estaba borracho, pero no le golpeé»

«Llegue al bar a las cinco de la madrugada. Iba buscando a unos amigos. Cuando entré vi al teniente, que le conozco, y le recriminé su actitud por cuatro multas (administrativas) que me había puesto. Le recriminé que menuda cara que tenía por entrar a los bares donde multaban a la gente. Estaba bastante borracho, lo reconozco. Había bebido cervezas y copas. Me acerqué a ellos y discutí con el teniente. No recuerdo los términos exactos. No llegó a un minuto. Entonces se formó un alboroto y hubo empujones», ha señalado Unamuno, de 24 años y que lleva desde noviembre de 2016 en prisión preventiva.

El procesado, que se enfrenta a 50 años de prisión por cuatro delitos de lesiones con fines terroristas, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha negado las acusaciones de haber golpeado al teniente de la Guardia Civil. «Es falso. A los cuatro minutos de la bronca salí yo del bar y el teniente ya estaba en la calle medio desnudo, y una mujer encima protegiéndole. Entonces llega la Policía Foral de Navarra y me detiene. A los minutos salgo del coche porque la puerta estaba abierta y me vuelve a meter dentro. Lo que ocurrió aquella noche lo hice de forma inconsciente, había bebido cervezas, copas...lo siento si mi reacción afectó al resto de detenidos», ha añadido al tribunal.

El siguiente en declarar ha sido Adur Ramírez de Alda, de 24 años, amigo de Jokin. «Estábamos de despedida de un amigo. Fuimos a un partido de pelota vasca y luego tomamos unas copas. A las dos y media de la mañana me fui a casa con mis padres. Nunca estuve en el Koxka», ha señalado. ¿Entonces por qué le identificaron los agentes?, le preguntó su abogada. «No lo sé, llevaba otra camiseta, no lo entiendo. Nunca tuve problemas con ellos», ha respondido Adur.

La letrada también le interpeló por su presencia tres días antes cerca de la iglesia durante la celebración de El Pilar, festividad de la Guardia Civil. «Estuve pero no pasó nada. Nunca he formado de una estrategia de presión contra los guardias civiles. Hace años coincidí jugando a pelota con un hijo de guardia civil y no hubo ningún problema. Solo tengo como antecedente un incidente en febrero de 2016 relacionado con los Indar Gorri del Osasuna de Pamplona».

Por su parte, el procesado Ohian Arnanz, de 22 años y a quien la Fiscalía solicita 62 años y medio de prisión, ha admitido que estaba en el bar cuando sucedieron los hechos, pero que formó parte de las agresiones ni levantó el puó a un policía foral cuando llegaron al bar. Asimismo, ha incidido en que las luces del bar eran tenues y que los agredidos pudieron confundirle en la rueda de reconocimiento.

En el caso del procesado Jon Ander Cob, de 21 años, ha declarado que llegó al Koxka a las 5 de la mañana. «Veo a mi amigo Gorka Martínez y le pregunto qué ha sucedido. Había una ambulancia, Policía Foral...Veo a María José (novia del teniente) subiendo en la ambulancia. Nadie me identifica con la pelea. Con Maria José coincidí en una clase en el instituto de Alsasua. A Pilar no la conocía. En el bar, que no es cercano a la izquierda abertzale, estuve con Julen Goicoechea. No conocía a los guardias civiles. Soy una persona muy pacífica. Ni les insulté ni les vejé», ha relatado.

¿Por qué le identificó María José?, le preguntó su abogada. «Creo que no hubo mala intención sino que fue un fallo visual. Tengo problemas para dormir y tomo pastillas. He dejado los estudios (primera grado de agente forestal) por falta de concentración». ¿Y por qué borró los mensajes de su móvil tras los hechos? «Lo hacía habitualmente», ha contestado.

Julen Goicoechea, de 21 años, era portero de la Sociedad Deportiva Alsasua en octubre de 2016 y esa noche salió a cenar con el equipo. «Llegué al Koxka a las 1:30 de la mañana. Pedimos una ronda de copas. Estuve hasta las 6:30...Allí bailamos, tomamos unos combinados con los amigos e intentamos ligar. Yo no presencié ninguna agresión e insulto previo, pero hacia las 4 de la madrugada hubo un tumulto de diez, doce personas y acabó en la calle. Salí a orinar y vi la 'movida. Soy una persona pacífica y esos actos no van conmigo, aunque es cierto que el bar es conflictivo y se forman movidas casi todos los fin de semana».

Tanto Goicoechea como el siguiente procesado en declarar, Aratz Urrizola, han negado pertenecer a los movimientos Alde-Hemendik (¡Fuera de aquí!) y Ospa, cuyo objetivo es la salida de la Guardia Civil, Policía Nacional y Fuerzas Armadas de Navarra y País Vasco.

Ainara Urquijo, la joven de 23 años acusada de haber amenazado a la pareja de uno de los guardias civiles agredidos, ha reconocido que se alteró con la Policía Foral cuando vio que habían detenido a una persona por estos hechos, pero ha negado esas amenazas.

«Esto que os ha pasado es por salir de allí arriba, cada vez que salgáis os va a pasar lo mismo, así que lo que tienes que hacer es no salir de allí», es la frase que, según el fiscal, profirió Urquijo a la pareja del sargento agredido y por la que le pide una pena de 12 años y medio de cárcel por amenazas terroristas.

Según su versión, ella llegó al bar Koxka, donde ocurrieron los hechos, cuando ya se había producido la agresión y entonces se puso «nerviosa» porque vio cómo habían detenido a otro de los acusados, Jokin Unamuno, que había sido compañero suyo de ikastola.

«Cuando llego a la zona veo que hay un poco de tensión, pero no veo ninguna agresión», ha dicho Urquijo, la única mujer acusada en el juicio, y ha añadido que le pareció «un poco fuerte» y le «impactó ver a Jokin detenido».

En ese momento, discutió con los policías forales por el arresto y vio cómo un guardia civil le daba un manotazo a un móvil de otro de los detenidos, Iñaki Abad, ante lo que recriminó a los agentes autonómicos que no hacían nada y amenazó con poner una querella.

«No estaba borracha, pero sí que había bebido algo y siempre terminas más arriba; estaba un poco nerviosa, estaba alterada», se ha justificado.

En cambio, ha negado haber amenazado a la pareja del sargento: «Lo mismo que reconozco que me alteré con la Policía Foral, no soy quién para decirle eso a ella ni a nadie».

Urquijo, la única de los acusados para la que la Fiscalía solo pide 12 años y medio de prisión por amenazas terroristas (frente a los 50 y 62 años y medio del resto), ha dicho asimismo que no pertenece al movimiento Ospa Eguna de expulsión de las fuerzas de seguridad del País Vasco y Navarra. Sí ha reconocido que, cuando formaba parte de un grupo de danzas, les ofrecieron bailar para ellos y les invitaron a comer.

La portavoz de las familias de los acusados, Isabel Pozueta, ha dicho tras la primera jornada del juicio: «Ha quedado evidente que nuestros hijos no son terroristas, que eran unos chavales normales como cualquier hijo de cualquier persona de cualquier padre y madre que ha salido un día de juerga y que lo que ocurrió allí fue una trifulca de bar», ha manifestado a los periodistas.

Ha añadido que tras la primera jornada de la vista oral las familias de los acusados están «de alguna manera más tranquilas». «Ha pasado el primer reto que teníamos y es la primera vez que se escucha nuestro relato en un año y cuatro meses, pues siempre se nos ha impedido poder mostrar qué es lo que había ocurrido ese día». Y ha anunciado: «Vamos a estar todos los días aquí como madres y padres para ayudar a nuestros hijos, que es lo que nos corresponde en este momento».

Por otra parte, ha comentado que «el clima de convivencia en Alsasua desde hace un año y medio, si antes era bueno, ahora es mucho más».

«Se ha conseguido que se genere una piña porque generalmente, cuando ocurre una injusticia, lo que tendemos es a juntarnos, a acercarnos, y esa es la muestra también que se vio el sábado en la manifestación de Pamplona», ha apostillado. Ha concluido indicando: «Estamos buscando la convivencia, vivir en paz y lo que queremos es mirar hacia adelante y que no haya sufrimiento en Euskal Herria para nadie».

Inmaculada Fuentes, madre de uno de los dos guardias civiles que fueron agredidos lamenta que hay quien quiere que «quede todo en una pelea de bar y no tiene nada que ver».

«Esto no fue una noche que a alguien se le ocurrió mira, ahí está el teniente y vamos a hacerle pagar. No. Ahí hay un movimiento donde se apaleaban y se colgaban muñecos que aparentaban ser guardias civiles, con su tricornio y todo. Eso lo llevaban haciendo seis años y se consentía esa barbaridad», ha explicado en una entrevista en Onda Cero.

Ha destacado además que en la localidad «hay gente que pertenece a ciertos grupos que se encargan de hacerle saber a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en particular a la Guardia Civil, que se vayan, que no se les quiere allí, que son perros, que no tienen derecho a la vida».

En declaraciones a COPE, ha detallado que al joven «lo molieron a palos». «No me entra en la cabeza que a una persona que ya está en el suelo con el tobillo roto, sangrando por la boca y aturdida le sigan pegando patadas en la cabeza», ha señalado Fuentes.

El fiscal José Perals encuadra su actuación en delitos de terrorismo al entender que estos hechos se enmarcaron en las campañas denominadas Alde Hemendik (Fuera de aquí), que buscan la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra, «influyendo de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusión social».

«Existe una segunda intencionalidad -dice Perals en su escrito de acusación-, que es la de crear un clima de miedo y rechazo entre los ciudadanos, instándoles de manera indirecta a no entablar ningún vínculo afectivo o de amistad o cortesía con miembros de la Guardia Civil, en un intento de aislarles socialmente».

El caso abierto contra los agresores acabó en la Audiencia Nacional por decisión del Tribunal Supremo, después de que la Audiencia de Navarra, que no veía ese delito, planteara una cuestión de competencia ante el alto tribunal.

Esa imputación de terrorismo levantó polémica en diversos sectores, que se plasmó el sábado en la manifestación celebrada en Pamplona y apoyada por el Ayuntamiento y el Parlamento de Navarra, a la que acudieron 38.000 personas, según la Policía Municipal, y más de 50.000, según al organización.

Los familiares de los acusados, que encabezaban la manifestación con una pancarta con el lema «Justicia. No es terrorismo», recibieron también apoyo del Gobierno de Navarra, de partidos como Geroa Bai, Podemos, I-E y EH Bildu, y sindicatos como CCOO, ELA y LAB.

De hecho, Amnistía Internacional ha anunciado que acudirá como observadora al juicio al entender que los encausados no cometieron ningún delito de terrorismo.

Los siete principales acusados son Ohian Arnanz, Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda (estos tres primeros están en prisión provisional), Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola e Iñaki Abad.

Todos ellos se enfrentan a una petición fiscal de 50 años de cárcel por cuatro delitos de lesiones terroristas (12 años y medio por cada uno) y a Ohian Arnanz se le atribuye además un delito de amenazas terroristas, lo que eleva la petición contra él hasta los 62 años y 6 meses de prisión. Para una octava procesada, Ainara Urquijo, el fiscal pide 12 años y medio de prisión por un delito de amenazas terroristas.

La Fiscalía propone unas penas alternativas rebajadas para los principales acusados, de 30 años de cárcel para Ohian Arnanz y 18 años para los otros seis por desórdenes públicos terroristas, atentado contra la autoridad, lesiones no terroristas y, en el caso del primero, también amenazas terroristas.

Está previsto que los acusados comiencen a declarar hoy ante el tribunal después de la fase de cuestiones previas, en la que las defensas pueden presentar nuevas pruebas pero que no se espera larga. Durante la instrucción, los acusados se negaron a contestar al fiscal y a la acusación, ejercida por la asociación de víctimas Covite y que aumenta sus peticiones de pena hasta los 66 años y medio de cárcel para Arnanz y entre 54 y 14 años para el resto de acusados.

Tras sus declaraciones comenzará la fase de prueba, en la que, según fuentes jurídicas consultadas por Efe, se espera la comparecencia de medio centenar de testigos, 17 de ellos propuestos por la Fiscalía, como el propietario y una camarera del bar donde ocurrieron los hechos, así como los policías forales que acudieron al lugar.

Por parte de las defensas hay más de 30 testigos previstos, muchos de ellos personas que, según los abogados, presenciaron la paliza, en la que los guardias civiles sufrieron contusiones en la cabeza, espalda y brazos, así como una fractura de tobillo, y las mujeres hematomas y tendinitis. En la fase pericial declararán tanto los médicos forenses que atendieron a los agentes y sus parejas como guardias civiles de inteligencia con los que la Fiscalía intentará probar la vinculación de los grupos Alde Hemendik con ETA.