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La magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo Susana Polo, instructora del denominado 'caso Tsunami Democràtic', acordó ayer dar un plazo de tres días a Carles Puigdemont, a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que se pronuncien sobre si procede o ... no elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una consulta sobre si la imputación por terrorismo es amnistiable. Un movimiento que tuvo su correlato en la Audiencia Nacional, donde la sustituta del Manuel García Castellón, María Tardón, trasladó el mismo requerimiento a los encausados que no tienen la condición de aforados como Puigdemont.
La iniciativa con la que Polo y Tardón abren esta puerta responde a las dudas a surgidas sobre la incompatibilidad de la medida de gracia en materia de terrorismo y el Derecho de la UE. Con su providencia, la magistrada del Supremo alude a la presentación de una cuestión prejudicial ante la justicia comunitaria que, de consumarse y ser admitida a trámite, supondría la paralización de este procedimiento hasta que el TJUE resuelva. Puigdemont ya ha visto parada su amnistía por el alto tribunal, que mantiene la orden de detención contra él al no interpretar que pueda exonerarse la malversación de la que se le acusa.
A la vista de las dudas suscitadas sobre el alcance de la exculpación del terrorismo que el Gobierno y los independentistas trataron de acotar en la redacción final de la norma, la jueza acuerda dar traslado a las demás partes personadas para que en el plazo común de tres días se pronuncien al respecto. Dichas partes son la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la acusación particular en nombre de dos policías heridos en las protestas de Tsunami y las defensas de los investigados Puigdemont y Ruben Wagensberg, parlamentario catalán que huyó hace unos meses a Suiza.
La Sala de lo Penal del Supremo ha dado un portazo a amnistiar al expresident y a Oriol Junqueras del delito de malversación sin necesidad de contrastarlo con Europa, dado que los magistrados se apoyan en las excepciones previstas en la propia ley.
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