La jueza amplía la investigación al novio de Ayuso y le imputa dos nuevos delitos

La instructora alude a un informe de la Agencia Tributaria, donde se sitúa a la mercantil Masterman S.L. como una empresa pantalla utilizada presuntamente por la mercantil Maxwell Cremona, de la que González Amador es administrador único, «para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada y contratada frente a terceros, en concreto frente a Quirón Prevención S.L», su pagador.

Las peticiones de la acusación popular, representada por PSOE y Mas Madrid, se solicitaron en un escrito presentado el pasado 24 de junio, en virtud de un informe de Hacienda incluido en el procedimiento principal, el del fraude fiscal, al considerar que los hechos podrían ser abarcar nuevos delitos. Ese día, la jueza tenía previsto tomar declaración como imputado a González Amador y al resto de encausados en la pieza central, pero las comparecencias se aplazaron a la vista del citado escrito. Aún están pendientes de señalarse de nuevo.

Ambas partes alegaron que la resolución en la que la jueza rechazó de forma inicial sus diligencias para ampliar la causa carecía de motivación suficiente, "sin individualizar los motivos de denegación de cada una de ellas, dejando mermada la capacidad para rebatirlas e incurriendo, además, en contradicciones".

La acusaciones defendieron que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber "una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L, en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención", Fernando Camino.

Entiende que podría tratarse de "una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell (González Amador) y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS e Inteconn, ya que como resultado de esas operaciones Maxwell facturó a ambas mercantiles 2.021.900 euros en 2020".

La magistrada menciona que el informe de la Agencia Tributaria han llevado a la conclusión de que "se trata de una sociedad instrumental constituida y utilizada por la mercantil Maxwell Cremona S.L. para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada y contratada frente a terceros, en concreto frente a Quirón Prevención S.L, simulando que es aquella la prestadora de los servicios, cuando se acredita que no cuenta con los medios personales y materiales adecuados para tal fin".

"Se aprecia una clara intencionalidad de trasladar parte de los ingresos de Maxwell Cremona procedente de Quirón Prevención a Alberto González Amador, utilizando para ello como sociedad intermediaria a Masterman, es decir, que el 15 de diciembre de 2021 Maxwell Cremona cede parte del contrato de prestación de servicios a Masterman, para al día siguiente transmitir la totalidad de las participaciones de esta empresa a González Amador, consiguiendo de este modo que parte de los fondos procedentes de Quirón Prevención acaben en manos del empresario", explica la resolución.

Según consta en el auto, en el informe de la inspección se indica que la crisis sanitaria surgida a partir de 2020 supuso "una oportunidad de negocio para Maxwell Cremona, que dio lugar a un incremento muy sustancial de sus ingresos de actividad, a pesar de lo cual no se produjo un incremento de su tributación por el impuesto de sociedades, consecuencia de diversos comportamientos fraudulentos como lo son la deducción de gastos improcedentes con origen en la factura que se reputan falsas o falseadas".