La jueza de la dana encarga un informe a la Guardia Civil sobre los sistemas de grabación del centro de Emergencias

La instructora ha encargado a la Guardia Civil la elaboración de un informe sobre las instalaciones del Centro de Coordinación de Emergencias, ubicado en la localidad de L'Eliana. Se trata del mismo complejo donde se ubica también la atención telefónica del 112.

Los agentes ultiman, además, otro dosier sobre la cronología de ese día, pero sin entrar en eventuales imputaciones de hechos delictivos, tal y como se resolvió en su momento. Fueron parte de las peticiones que efectuaron en su momento desde Acció Cultural del País Valencià, una de las acusaciones populares.

El trabajo policial deberá incluir los datos relativos a los sistemas de videograbación existentes en la entrada del edificio y en distintas estancias interiores. El presidente Mazón probó su llegada a las instalaciones con una imagen de estas cámaras captada a las 20.28 horas pese a que en alguna declaración anterior ante los medios de comunicación insinuó que se incorporó pasadas las 19 horas. De igual modo, se tendrá que indagar acerca de la información que comparten las pantallas instaladas en la sala. También ha existido controversia en este punto acerca de si se conocía el ingente número de llamadas que estaban recibiendo en el 112 por los asistentes a la reunión del Cecopi.

La jueza también pretende obtener todo el conocimiento posible sobre el sistema que garantiza la cobertura de red para el funcionamiento de la telefonía móvil o el sistema de gestión geográfica, entre otros aspectos técnicos.

Al margen de la solicitud del informe, la magistrada ha requerido a la Conselleria de Emergencias y de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) para que remitan al juzgado la relación de puestos de trabajo de los trabajadores que prestan servicio en el Centro de Coordinación de Emergencias.

También se debe recoger la función de cada uno y la identificación de todos los que estuvieron presentes desde primera hora de la mañana del día 29. De igual modo, se considera relevante que se entregue la documentación relativa al Plan Especial de Inundaciones y todo el material que se envió a los Ayuntamientos que se pudieran haber visto afectados por la crecida del barranco del Poyo.

Otro de los requerimiento afecta a las competencias del director general del Medio Natural y Animal. En concreto, pide que se informe sobre las acciones desarrolladas y el momento en que finalizaron las medidas de control del mismo barranco el 29 de octubre. Al parecer, una dotación de bomberos vigiló el cauce hasta cerca de las 15 horas de la tarde cuando fueron obligados a retirarse.

La magistrada deniega la práctica de otras diligencias de investigación solicitadas por la misma acusación popular, como la conservación de los datos de las comunicaciones electrónicas emitidas o recibidas desde el Centro de Coordinación de Emergencias porque no se pueden incorporar a la causa debido a que ésta no se refiere a delitos dolosos.

Además, en un segundo auto, la instructora ha rechazado la petición del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, de declarar como investigado por medios telemáticos el próximo 11 de abril. No es algo habitual este tipo de privilegios. La juez basa su decisión en la «gravedad de los hechos objeto de la investigación, homicidios y lesiones imprudentes», el elevado número de fallecidos, la «intervención de un gran número de partes» en la causa, la «falta de acreditación de dificultad alguna al objeto de personarse en el juzgado» y la «ausencia de razones de orden público ni de seguridad» que justifiquen que esa declaración no se lleve a cabo de forma presencial.