Ana Julia Quezada rechaza declarar ante el juez los detalles sobre el crimen de Gabriel Cruz

La comparecencia de Quezada, que ha llegado a la Ciudad de la Justicia de Almería pasadas las 9:00 horas en un furgón policial desde la prisión de El Acebuche, se ha reducido a menos de 30 minutos después de que la investigada se negara a responder a más preguntas por recomendación de su letrada, Beatriz Gámez, quien ha apuntado a su salida que «no va a declarar mientras que esté el secreto de sumario» para salvaguardar «su derecho de defensa».

En este sentido, el magistrado Rafael Soriano ha dejado constancia de las preguntas dirigidas a la única sospechosa del crimen tras haber recibido nuevos informes periciales en relación a la autopsia que vendrían a completar el sumario; aún bajo secreto desde el pasado mes de marzo y que, según las partes, podría alzarse parcialmente entre este martes y miércoles.

Sobre este asunto también se ha pronunciado el representante de los padres de Gabriel, el letrado Francisco Torres, quien en declaraciones a los medios ha dicho que «no tiene el menor sentido» que el sumario siga bajo secreto al «igual que no tiene sentido citarnos a declaraciones de testigos u hoy para escuchar a gente que ha declarado con antelación sin conocer qué han declarado, lo que imposibilita poder pensar en que puede haber o no contradicciones», ha dicho.

Para Torres era «previsible» que la sospechosa, quien permanecerá de momento en la prisión de Almería pese a haber interesado su traslado a otras cárceles, «no declarara» en este nuevo llamamiento y ha urgido el acceso a las actuaciones, lo que ya ha solicitado anteriormente.

«El secreto de las actuaciones se ha de producir cuando se está investigando un asunto, no a la espera de que vengan resultados de determinadas analíticas, que es compatible con el secreto de las actuaciones», ha valorado el abogado, quien ha reconocido que hay pruebas pendientes de recibir, aunque desconoce sobre qué aspectos versan las mismas.

Por otra parte, el abogado de Patricia Ramírez y Ángel Cruz ha señalado que los tiempos marcados por el juez instructor suponen una «pena añadida» y un «calvario permanente» para su familiares, quienes han «solicitado reiteradamente la incineración de Gabriel», aunque aún «no se ha autorizado». «La verdad es que no sé a qué esperamos», ha apostillado al respecto.

En la misma línea, ha recordado que han presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Almería contra el auto por el que se admite la personación de la acusación popular Clara Campoamor en el caso en relación únicamente a los delitos de asesinato y detención ilegal.

Torres espera que la Audiencia, al menos, «imponga una fianza» para poder entrar como parte en el procedimiento a la asociación, a la que ha afeado que no haya trasladado las «condolencias» a la familia, según ha mantenido. «Casa mal que se diga que se protege a los menores cuando aquí al menor ya no está y las únicas personas que pueden velar por la imagen de Gabriel son sus padres», ha valorado el letrado.

Así, han considerado que la presencia de la entidad llegada «so pretexto de un menor» y que, según ha observado, normalmente defiende a menores que «son víctimas de violencia de género, en casos en los que la madre ha fallecido y niño que se quedan sin padre», resulta una «intromisión en la intimidad de una familia que lo está pasando horriblemente mal».

En su auto, dictado el pasado día 13, el juez consideró que la asociación no debía prestar fianza alguna puesto que ha acreditado tener un interés directo en procesos penales en defensa de los menores víctimas de delitos.