El juez del 'caso Villarejo' encuentra obstáculos para identificar el teléfono de Rajoy

Villarejo busca poner a prueba sus lealtades pasadas en el momento personal más crítico. Desde que el juzgado comenzó a desnudar a finales de 2017 sus lucrativas actividades parapoliciales todo ha ido cuesta abajo. Unos trabajos, por otra parte, que ya destaparon años antes en sus informes los investigadores del 'caso del pequeño Nicolás'. Unos agentes de Asuntos Internos que fueron depurados por la cúpula policial más próxima al «agente encubierto».

A sus 69 años, con un horizonte procesal bastante oscuro, Villarejo elige en libertad a sus piezas según se van desarrollando los acontecimientos. La 'operación Kitchen', el espionaje «ilegal» a Luis Bárcenas para recuperar documentos sensibles para el PP, según el juez instructor Manuel García Castellón, está demostrando la delgada línea roja que separa la estrategia de los políticos y de los policías investigados en esta pieza separada.

Desde el primer momento, el comisario jubilado no ha tenido reparos en endosar a los exdirigentes populares la autoría intelectual de este dispositivo, que ellos dicen desconocer. Con más o menos intención, porque con Villarejo nada es lo que parece, el investigado ha marcado en rojo en esta lista a Mariano Rajoy.

Desde su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso, el pasado 27 de mayo, ha ido elevando la presión sobre el expresidente del Gobierno. Primero con menciones sobre su conocimiento «directo» de la operación, y luego sugiriendo que disponía del número del teléfono con el que conversaba «personalmente» con Rajoy sobre el desarrollo de la misma. El juez, atento a su intervención, le citó al día siguiente después de que Villarejo mostrara a los parlamentarios su «deseo» de poder demostrarlo.

«¿Van las cosas bien?; ¿es cierto que Bárcenas puede tenerlos (los documentos) en un chalet en Baqueira?», eran algunas de las preguntas que, según dijo, recibió del propio expresidente. Una persona que, «además de los intereses que afectaban a su partido», estaba preocupada porque Bárcenas podía tener «informaciones delicadas de cuentas en el extranjero que podían vincular a altas instituciones del Estado», en referencia implícita al rey emérito.

Cinco semanas después de soltar la caña, Villarejo volvió al juzgado el 6 de julio pasado y entregó el número personal que en su día le facilitaron para comunicarse supuestamente con Rajoy. «Ya solamente lo que tienen que hacer es comprobar esos mensajes», requirió a los investigadores ante los medios de comunicación.

El juez tomó nota y solicitó a la Policía Judicial que reclamase a las compañías telefónicas el tráfico de SMS que se habrían intercambiado, supuestamente, para ver si realmente existieron. De forma paralela, pidió a Villarejo que aportase los otros números que pertenecerían al antiguo inquilino de la Moncloa. Este solo entregó uno y aseguró que no había podido encontrar el segundo. El motivo, apuntó, «es que sería más fácil recordarlo si pudiera tener pleno acceso a mis agendas personales». Se trata de las anotaciones incautadas en otoño pasado y que lleva reclamando sin éxito desde que salió de prisión.

Fuentes cercanas a la investigación han explicado, no obstante, que el instructor va a encontrar un «camino de obstáculos» para aclarar este supuesto conocimiento de Rajoy de la 'operación Kitchen'. Más si cabe porque Villarejo no aporta ni siquiera los mensajes recibidos, solo un número de teléfono.

En esta pieza separada, por ejemplo, ya existe un conflicto abierto por mensajes de móvil incriminatorios. La cúpula de Interior con el PP está enfrentada por un supuesto cruce de SMS entre el exministro Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez. Ni la celebración de un careo ni los informes periciales han logrado aclarar de momento la veracidad de su contenido.

En el caso de Villarejo y Rajoy, las fuentes consultadas aseguran que el instructor puede pedir información a las operadoras, como ha hecho, pero al tratarse de un asunto de 2013 las compañías solo están obligadas por ley a guardar datos durante un periodo medio de un año y dos en circunstancias excepcionales. Recuerdan que las telefónicas no almacenan el contenido de los mensajes, solo de los metadatos.

Y con respecto a identificar la titularidad de la terminal, se trata de un tema más complicado, ya que si era de prepago se requeriría información para saber a qué antenas se conectaba y establecer una triangulación. «Han pasado tantos años que hay poco que hacer», concluye un experto en seguridad informática consultado.