El juez ultima pedir al Supremo investigar al fiscal general por presunta revelación de secretos

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco José Goyena, ultima la exposición razonada que elevará al Tribunal Supremo para que investigue al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos. La petición tiene previsto realizarse esta semana, según las fuentes consultadas, y el escrito detallará los indicios acumulados durante estos dos meses de instrucción para pedir a la Sala Segunda (Penal) que abra una causa a Álvaro García Ortiz, que está aforado ante el alto tribunal.

Este movimiento era previsible una vez que las partes han respaldado ante el juez del TSJM dirigir el procedimiento contra el fiscal general. Y es que el propio García Ortiz ya ha asumido en primera persona en un escrito remitido al TSJM que fue él, y no sus dos subordinados de la Fiscalía Provincial de Madrid querellados, quien ordenó difundir el comunicado sobre las negociaciones con la defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, para llegar a un acuerdo de conformidad a cambio de admitir un fraude fiscal de 350.000 euros.

Tanto González Amador, como querellante, como la acusación que representa el Colegio de Abogados de Madrid, en su defensa del abogado del empresario, consideran que existen «indicios cualificados» contra el fiscal general. Afirman que las diligencias revelan conversaciones reservadas entre un abogado y un fiscal que fueron divulgadas en un comunicado de la Fiscalía. Una circunstancia que supuso «una grave una violación de la confidencialidad y el secreto profesional, principios fundamentales del derecho de defensa».

En cambio, la versión de García Ortiz es que ordenó divulgar el comunicado el pasado 14 de marzo para hacer frente a los «bulos» publicados de que fue la Fiscalía quien ofreció primero el acuerdo, pero que luego lo retiró «por órdenes de arriba». Así lo aseguró en su perfil de X (antes Twitter) Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso.

El objetivo, según el fiscal general, era «desmentir con hechos cronológicamente sistematizados informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios, así como proporcionar información objetiva e imparcial tras la sucesión de publicaciones dispares y la difusión pública de correos electrónicos que afectaban a la honorabilidad y profesionalidad del Ministerio Fiscal».

García Ortiz insistió en que no se revelaron datos desconocidos porque ya se había publicado previamente en algunos medios de comunicación el intercambio de correos entre el fiscal y el abogado del novio de Ayuso. Y apremió al juez del TSJM a investigar al entorno del empresario por la filtración de esos correos.

Hasta la fecha han declarado en la causa los dos fiscales investigados, la jefa provincial Pilar Rodríguez y el encargado de delitos económicos, Julián Salto; y como testigos la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el responsable de comunicación del departamento. Lastra ratificó en su declaración que fue García Ortiz quien le dio la orden, aunque mostró sus reservas sobre el contenido de algunos datos de las negociaciones con el abogado de González Amador.