Un juez del tribunal de Gürtel pide amparo por las acusaciones de 'lawfare' de Monago

En pleno contexto sobre la tramitación de la ley de amnistía y la creación de comisiones de investigación parlamentarias sobre el 'lawfare' o guerra judicial, Monago le dijo el pasado 12 de diciembre a Félix Bolaños que «el mayor caso de 'lawfare' que se ha conocido en la historia política de España» lo meció el PSOE con la ayuda de De Prada. «Porque un juez introdujo en una sentencia un párrafo a propósito de la sentencia sobre la 'Gürtel' que provocó la caída del Gobierno del señor Rajoy», señaló.

Ante este señalamiento, De Prada ha decidido ir al Consejo en amparo porque lo dicho por Monago, «además de contener datos falsos, descalifica de forma extraordinariamente grave» su «actuación jurisdiccional» sin «ningún otro fundamento que el puro interés político».

A su juicio, ello «inquieta y perturba gravemente la independencia judicial», la suya y la de «cualquier miembro de la jurisdicción», al emitir un «mensaje demoledor de advertencia de descrédito y consecuencias negativas para cualquier juez o magistrado que se vea en la tesitura de tener que dictar una resolución jurisdiccional de acuerdo a derecho, pero que directa o indirectamente pudiera afectar a los intereses políticos de su partido».

El juez ha incidido en que las afirmaciones de Monago «no se ajustan en absoluto a la verdad» y ha recordado que el Tribunal Supremo ha considerado probado la existencia de una 'caja B' del PP, «validando las pruebas manejadas por la Audiencia Nacional». Para De Prada, las referencias que a su parecer sirven de base para la intervención de Monago se amparan en «múltiples y reiterados artículos e informaciones elaboradas» en su contra en el marco de una «campaña de falsedades». En este sentido, ha recordado que ya en el pasado pidió amparo al CGPJ por dichas publicaciones, pero «no se tuvo a bien» concedérselo.

La solicitud del magistrado tiene lugar después de que el pasado viernes Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) reclamara al CGPJ que respondiese a las críticas de Monago «como hizo con Junts», cuya portavoz en el Congreso Míriam Nogueras atacó directamente a varios jueces del Tribunal Supremo por ir contra los independentismo en las causas del 'procés', entre ellos Manuel Marchena, Carmen Lamela o Pablo Llarena.

El secretariado de esta asociación remitió al presidente interino del órgano de gobierno de los jueces, el vocal Vicente Guilarte, una carta en la que mostraba su «profunda preocupación» por las declaraciones del senador 'popular'. Para la asociación, «estas afirmaciones son falsas, injuriosas y atentan contra la dignidad y la honorabilidad del magistrado De Prada, quien actuó conforme a la ley, sin dejarse influir por intereses políticos o personales».

La queja de JJpD se sumó a la de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que el pasado jueves condenó la actuación de Monago: «El señalamiento público de un magistrado por parte de un senador del PP es inasumible en democracia».

Al Consejo se le acumulan las peticiones de amparo - un marco reglamentario para defender a los jueces que puede acabar con una declaración institucional o la petición a la Fiscalía para que pide responsabilidad penales- tras la solicitud que hizo el juez del 'caso Tsunami', Manuel García Castellón, por las referencias del número dos del Ministerio de Justicia, Tontxu Rodríguez, tras su decisión de pedir la investigación de Carles Puigdemont por un delito de terrorismo pese al criterio contrario de la Fiscalía y las dudas de la Guardia Civil.