Batet autoriza la entrega de todos los efectos del despacho de Tito Berni

En la resolución dirigida a Batet, la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife solicitaba que el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía se ocupara de abrir, analizar y estudiar el contenido de los dispositivos electrónicos y de los sistemas de almacenamiento informático que usaba Fuentes Curbelo para su trabajo, en busca de posibles pruebas.

Batet ha accedido a ello «cursando oficio a la Comisaría del Congreso y a la Secretaría General» del mismo para que «se dé cumplimiento a la mayor brevedad posible» a lo requerido por la jueza, que pretende un amplísimo análisis forense. En concreto, solicita la «apertura, estudio y análisis de los instrumentos de comunicación telefónica, telemática y dispositivos de almacenamiento masivo de información digital, de los repositorios telemáticos de datos, la nube, correos electrónicos y redes sociales, así como de la documentación, anotaciones personales, facturas, libros de contabilidad en formato físico y digital, actas, extractos, expedientes, documentos registrales y notariales, documentos tributarios, correspondencia postal y electrónica, sellos y cualquier otro soporte que pudiera tener relación con los hechos investigados, inclusive documentación falsificada, útiles y demás herramientas para llevar a cabo los delitos investigados».

La jueza, sabedora del especial blindaje del Parlamento ante los registros, se esmeró en justificar la necesidad de tener acceso a todo el material que Tito Berni guardaba en el Congreso puesto que, según explica, los indicios delictivos en esta causa contra el exparlamentario superan la barrera de las meras conjeturas o sospechas. «Entran de lleno en el campo de los indicios racionales de criminalidad de un delito de corrupción tales como cohecho, tráfico de influencias, falsedad y pertenencia a grupo organizado, los cuales habría llevado a cabo en el seno de una organización criminal», afirma en su auto.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción se había negado en redondo a que la Policía Nacional registrara el despacho del exdiputado. En un escrito dirigido a la jueza del caso, el fiscal Jaime Serrano Jover pidió a dicha instructora que vetara el acceso a la Cámara a los agentes de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, que son los mismos que están llevando el caso que salpica al PSOE y que el pasado 28 de febrero pidieron a la magistrada «acceso sin restricciones y de manera exclusiva» al despacho del exparlamentario.

El Ministerio Público alegó entonces para rechazar lo que consideraba un allanamiento sin cortapisas que el artículo 66.3 de la Constitución «prevé que las Cortes Generales son inviolables». A cambio de impedir ese registro, propuso a la magistrada que dirigiera un oficio a la secretaría general del Congreso de los Diputados para que se autorizara a la comisión policial el acceso a las dependencias de la cámara «con las previsiones y prevenciones que consideren oportunas», incluida la participación de la comisaría de Policía Nacional ubicada en la propia Cámara baja.

La jueza, sin embargo, pidió directamente a Batet que autorice la entrega de los efectos que quedan en el ya antiguo despacho de Fuentes. Y la presidenta del Congreso ha resuelto finalmente que sí intervenga la Policía del Congreso.