El juez retrasa el procesamiento de Laura Borràs

Borràs gana tiempo. El juez ha dado ahora 15 días más a las partes para que presenten las alegaciones convenientes al auto. La sala civil y penal del TSJC ha estimado los recursos presentados por Borràs y otro de los encausados y ha frenado de momento la apertura de juicio oral, el momento que podría dejar a la dirigente nacionalista sin escaño, en aplicación de un artículo del reglamento de la Cámara catalana contemplado para supuestos de corrupción. El independentismo debate estos días los efectos que pede tener el cese de Borràs como diputada si ERC fuerza la aplicación estricta del reglamento del hemiciclo. Los hay que creen que la legislatura puede saltar por los aires y también quienes piensan que la coalición formada entre ERC y Junts no debería romperse.

El pasado 14 de marzo, el juez dio diez días a la Fiscalía para que presentara escrito de acusación o petición de archivo. Fuentes del TSJC señalaron días atrás que los magistrados habían ampliado ese plazo en otros 20 días para el Ministerio Público. Borràs y otras tres personas más están investigadas por los presunto delitos de delito continuado de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos. La dirigente de Junts está imputada por hechos cometidos cuando era directora del Instituto de las Letras Catalanas entre 2013 y 2018, antes de ser consejera de Cultura, portavoz de Junts en el Congreso y más tarde presidenta de la Cámara catalana. Se le acusa de fraccionar contratos para favorecer a un amigo. Ella lo niega. Afirma que es inocente.

Según afirmó el juez instructor, en el auto del 14 de marzo ahora revocado, el resultado de las diferentes diligencias «permite apreciar indicios suficientemente sólidos» para ser considerados «delito». A su juicio, la dirigente de Junts, abusó de las funciones como directora del organismo de la Generalitat «dictando resoluciones injustas», siendo consciente de que las adjudicaciones entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público.

El TSJC ha aceptado ahora frenar el auto de procesamiento. Ha estimado la petición de los recurrentes que adujeron «vulneración del derecho de defensa y a un proceso justo«, pues consideraron que no habían tenido suficiente tiempo para estudiar la causa. Borràs denunció también la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia.