La juez desestima el recurso del hermano de Pedro Sánchez y analizará los correos

La instructora, que admitió a trámite una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias –autor también de la querella contra Begoña Gómez– investiga si el hermano del jefe del Ejecutivo podría ser responsable de los delitos contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. De probarse, todos estarían relacionados con su contratación en el conservatorio de Badajoz, su supuesto absentismo tolerado por sus superiores y su residencia en Portugal como supuesta forma de evadir impuestos, siempre según la demanda de Manos Limpias en contra de «David Azagra» –nombre artístico del hermano del presidente–.

Según el auto de la jueza Biedma, «la afectación al 'derecho al entorno digital' de los afectados es mínima, pues únicamente afecta a las comunicaciones realizadas como consecuencia del desempeño de su función laboral y con respecto a un procedimiento en concreto». Es decir, que considera que en ningún caso se violarán los derechos del investigado al tratarse de mails corporativos y no de carácter privado. Más aún, la magistrada destaca que el examen de los correos corporativos de David Sánchez debe prolongarse desde el mismo momento de la creación de esas cuentas corporativas hasta la actualidad.

El PP volvió ayer a exigir explicaciones públicas a Pedro Sánchez sobre las actividades de su hermano y las acusaciones que pesan sobre él, a las que se suman las de su esposa Begoña Gómez. «No puede seguir agazapado, pasando sus vacaciones como si no ocurriera nada, ante la presunta corrupción que salpica a su partido, a su Gobierno y a su entorno», valoraron fuentes populares, quienes exigieron además aclaraciones sobre la residencia de David Sánchez en Portugal, su contribución al fisco y su patrimonio. Desde el PP se sostiene que «el hermanísimo» David Sánchez «es incapaz de justificar un patrimonio de 1,7 millones de euros».

Los populares también consideran que el hermano del líder socialista habría sido contratado como «alto cargo» por la Diputación de Badajoz a cuenta de un presunto «dedazo» en el año 2017.