Un juez reabre otro caso de estafa al Ayuntamiento de Madrid por mascarillas defectuosas

La presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid por un montante de 1,2 millones de euros se denunció el pasado julio por parte de la Policía Municipal tras la llegada de una partida de medio millón de tapabocas compradas a un proveedor de Estados Unidos en marzo de 2020.

La causa se dirige contra la empresa Sinclair and Wilde y su reapertura se produce como consecuencia del informe ampliatorio que, con fecha 12 de abril de 2022, se dirigió al Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid y en el que se comunicó que el investigado, Philippe H. S., tiene su residencia en Inglaterra.

En el auto, el juez señala que «ante una nueva pista sobre el posible paradero de la persona que habría actuado como intermediaria en la operación de compra, procede la reapertura de las actuaciones, y practicar nuevas diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos, y la determinación de sus autores».

Fuentes del consistorio han asegurado que el Ayuntamiento de Madrid y la Empresa Funeraria, a través de la cual se tramitó el contrato, se personarán en la causa en calidad de perjudicados.

El citado Philippe H. S. es el propietario de la consultora Sinclair and Wilde, la mercantil intermediaria que se pensaba que estaba en Nueva York al tener la empresa una dirección postal ubicada allí. En el sumario de la causa contra Medina y Luceño ya incluye un informe de la Policía Municipal relativo a esta presunta estafa, en el que se alertaba de que la documentación facilitada no se correspondía con las certificaciones preceptivas que exige la UE y España, «incluyendo documentos que se indican para otros productos como pueden ser los cosméticos».

Al parecer, el juez abrió unas diligencias previas pero el 19 de julio de 2021 procedió a su archivo provisional ante la falta de autor conocido. El pasado 12 de abril, la Policía Judicial remitió un oficio al magistrado en el que informaba de la identificación del posible autor de la estafa y su residencia, por lo que la la causa se volvió a reabrir.

El consejo de administración de la funeraria municipal, a través de la que se canalizaba las compras de material sanitario en la primera ola de pandemia, aprobó el 24 de marzo de 2020 dicha compra de medio millón de mascarillas FFP2.

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, detalló que tras varias incidencias, las mascarillas llegaron «algunas semanas más tarde» y, una vez en el almacén del Plan Territorial de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Madrid (PEMAM) se tuvieron sospechas de que no cumplían con las exigencias requeridas.

Así, la Policía Municipal inició una investigación a petición del director del PEMAN para comprobar tales hechos y el 5 de marzo de 2021 presentó ante los juzgados de Madrid el atestado realizado por la Unidad de Coordinación Judicial. Este fue el origen del segundo 'caso Mascarillas' en el consistorio dirigido por José Luis Martínez-Almeida.