El juez archiva la causa a Cifuentes por la financiación del PP madrileño

El juez Manuel García-Castellón ha acordado hoy el sobreseimiento provisional de la causa por falta de indicios respecto a Cristina Cifuentes, la letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder y el presidente del Grupo Cantoblanco, Arturo Fernández. Les imputaba delitos de prevaricación y cohecho en relación con la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid en los procesos de licitación de 2009 y 2011.

El juez considera que no se ha acreditado que Cifuentes participara en la presunta financiación irregular del PP madrileño, que se investiga en la pieza separada número nueve, mediante la adjudicación finalista (a cambio de una donación al partido) de este contrato a la sociedad del exvipresidente de la patronal CEOE.

García-Castellón explica en su auto que esta investigación se ha basado en un informe policial en el que se informaba de las presuntas irregularidades cometidas en el contrato en la Asamblea. El atestado ponía el foco en las donaciones de empresarios a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), vinculada al PP, y los agentes indagaron por si esos "donantes" acabaron siendo adjudicatarios en algún procedimiento público.

En ese marco, se analizó los contratos de cafetería al grupo empresarial de Fernández (Cantoblanco) tras ver que Cifuentes formaba parte del patronato de Fundescam, que era afiliada al PP y que pertenecía a comités de campaña de la formación en los años en los que esta mercantil fue adjudicataria.

Según recuerda el juez, los agentes que redactaron ese informe policial entendieron que esa adjudicación del servicio de cafetería pudo ser decidido de antemano atendiendo a una serie de "arbitrariedades" que se imputaban a las personas que integraron el comité de expertos en las licitaciones.

La policía apuntaba también a las donaciones previas a Fundescam de Arturo Fernández y añadía que esos fondos se destinaron a sufragar gastos electorales del PP cuando Cifuentes pertenecía al patronato de la fundación. Pero el juez, después de todas las diligencias realizadas, concluye que si bien la imputación a la expresidenta regional partía "en esencia, de una inferencia lógica", agotada la instrucción "no se ha acreditado que tuviera participación alguna en la gestión económica de Fundescam".

Añade el juez que la imputación de que tuviera un previo conocimiento de la existencia de aportaciones por parte de empresarios a las cuentas de Fundescam "se basa en una mera especulación, ausente de todo elemento indiciario que la sustente". Por todo ello, añade García-Castellón, no se puede sostener que tuviera conocimiento de las donaciones vinculadas a Arturo Fernández, por lo que no se mantiene que su actuación en el proceso de licitación "estuviera presidida por una voluntad de favorecer a este empresario por las donaciones que éste había realizado en la fundación señalada".

En su resolución el magistrado recuerda además que el Grupo Cantoblanco es conocido por gestionar este tipo de servicios de hostelería tanto en administraciones públicas como en empresas privadas, y que tras escuchar a testigos que formaban parte de la mesa de contratación de la Asamblea de Madrid no ha resultado acreditado que por parte de las investigadas, Cifuentes y Recoder, "se exteriorizara una voluntad injusta o maniestamente contraria a la ley, en orden a asegurar la adjudicación" para ese grupo empresarial.