El juez procesa al hermano de Ximo Puig por delitos de estafa y falsedad

El auto de incoación del procedimiento abreviado es una resolución que equivale al de procesamiento y pone punto final a la instrucción. El cierre de la investigación con este auto supone que el instructor encuentra indicios de criminalidad en los imputados. De esta forma da traslado a la Fiscalía y al resto de acusaciones, el PP entre ellas, para que presenten sus correspondientes escritos de acusación si consideran que los hechos revisten responsabilidad penal. En caso contrario, solicitarían el archivo. No se pueden practicar más diligencias porque la instrucción está agotada. La posición de la Fiscalía durante todo este procedimientos anticipa que acusará al hermano de Ximo Puig y su socio.

En el escrito, se señala que los hechos punibles objeto del procedimiento «descartan la comisión de un delito de fraude de subvenciones» porque la cantidad defraudada no alcanza el importe de 120.000 euros, atendiendo al tipo penal vigente en el momento de comisión de los hechos. «Ello no obsta, como pone de manifiesto el Ministerio Fiscal en un escrito que de forma profusa desgrana los hechos y los indicios que obran en la causa contra los investigados Francisco Puig Ferrrer y Juan Enrique Adell Bover, que no concurran en el presente caso indicios claros de la comisión de otros dos tipos penales, estafa y falsedad, que justifiquen el dictado del auto de procedimiento abreviado. Se ha de excluir necesariamente el sobreseimiento».

El juez señala que las conductas investigadas son relevantes tanto por esos hechos como «por los instrumentos utilizados: facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios, actividades carentes de forma patente de cualquier tipo de relación con la subvención que efectivamente se obtuvo y produjo el subsiguiente enriquecimiento a favor de las sociedades administradas por los investigados».

En el informe del fiscal se señala que, de la investigación llevada a cabo se deduce que «se ha incorporado facturación de empresas vinculadas, facturas duplicadas y cruzadas, que podrían ser constitutivos de delitos de falsedad en documento mencantil». El ministerio público se refiere a Mas Mut Produccions, una de las firmas de Francis Puig, y considera que «puede ser considerada una empresa ficticia o instrumental», remarca que al tener domicilio fiscal en Teruel no debería de haber tenido acceso a subvenciones de la administración valenciana y añade que la mayor parte de la facturación aportada podría ser «falsa o creada con esa finalidad».