El juez procesa al «cártel del fuego» por amañar contratos públicos por 151 millones

En el auto que pone el broche a la investigación judicial, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar a un total de 32 personas, entre ellas el exconsejero de la Generalitat valenciana y exdelegado del Gobierno Serafín Castellano, por integrar esta estructura criminal.

Además del delito de organización criminal, están procesados por otro delito continuado de alteración de precios en concursos o contratación pública, cohecho, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, tráfico de influencias y exacciones ilegales.

Este procedimiento penal que se dirige contra empresarios de la navegación aérea, autoridades y funcionarios es fruto de las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal y del apoyo de los Juzgados de Instrucción número 1 y 2 de Sagunto (Valencia) y del número 8 de Sevilla.

El auto indica que los cabecillas de «cártel del fuego» corrompieron, mediante compensaciones económicas, a múltiples funcionarios y autoridades intervinientes en la adopción de adjudicaciones. Todo ello se lograba «mediante actuaciones, decisiones o comportamientos injustos, injustificados y arbitrarios» de los investigados, bien incrementando indebidamente el gasto en favor de las personas y empresas concertadas o permitiendo prórrogas o modificaciones contractuales indebidamente: sin la correspondiente memoria justificativa o sin las ofertas técnicas previstas.

Los empresarios adjudicatarios y sus compañías, continúa explicando el auto, se integraban en un grupo de actuación que se repartía geográficamente el mercado de la contratación pública en el sector, así como los procedimientos concretos de contratación, incluso mediante progresivas reuniones en las que preestablecían qué sociedades concretas concurrirían (y cuáles no) a dichos procesos, en qué zonas de influencia, con qué turnos rotatorios o cuándo en forma de UTES.

Como ejemplo de los amaños, expone el escrito, que no solo se desarrollaban en España sino también en otros países, en ocasiones se provocó que algún concurso quedare desierto generándose un incremento posterior del precio de licitación en el procedimiento negociado sin publicidad.

En otros, prosigue, las prórrogas arbitrarias e injustificadas de los contratos y los injustificados expedientes de enriquecimiento ilícito generaban «incrementos notabilísimos» en los importes finales de adjudicación o en los costes totales de los contratos.

El magistrado refleja que, conforme ha informado la IGAE (Intervención General del Estado), solo en la Comunidad Valenciana, donde se han constatado las principales infracciones, con sujeción a la exclusiva concurrencia de la empresa Avialsa -vinculada al investigado principal Vicente Huerta- y ocasionalmente UTES en las que se integraban otros investigados, entre 1999 y 2017, «se concertaron contratos» por importe total de 151.585.386 euros.

De la investigación se ha acreditado, indica el instructor, «una sistemática actuación de generación de actitudes clientelares en el ámbito de la administración interviniente en el sector». En concreto, según la resolución judicial, se ha comprobado que, en el ámbito contractual de la Comunidad Valenciana y Cataluña, el grupo de entidades o sociedades vinculadas con Avialsa realizó por diversos medios, en favor de funcionarios o autoridades, entregas de metálico o regalos consistentes en vehículos, cacerías, armas de fuego y accesorios, relojes y joyas o estancias en establecimientos hoteleros.

El auto apunta que solo a Serafín Castellano -exconsejero valenciano de Sanidad entre 2003 y 2007 y de Gobernación y Justicia entre 2007 y 2014-, y sin que eso agote todas las dádivas entregadas, se le realizaron, tomando únicamente en cuenta el ámbito de las actividades cinegéticas, regalos por importe no inferior a 163.736 euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción seis relata otra serie de pagos a funcionarios y autoridades y subraya también que al pactado funcionamiento de los investigados aludidos y sus empresas contribuyó también el uso instrumental de la AECA (Asociación Española de Compañías Aéreas) gestionada, a tal fin, por el también investigado Dámaso Castejón. Contra este auto conocido este miércoles cabe recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.