El juez pide al Supremo investigar a Puigdemont por el caso de la trama rusa

En las 82 páginas de su escrito, el instructor Aguirre recoge la posible comisión de los delitos de alta traición, organización criminal y malversación, y dirige la causa contra el también expresidente catalán Artur Mas, el abogado Gonzalo Boye, el diputado autonómico de Junts Francesc d'Asís Dalmases, la exdiputada Elsa Artadi, el director de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, los empresarios Jordi Sardà y Aleksander Dmitrenko y Zeus Borrel, y los periodistas Carles Porta y Natàlia Boronat.

Aguirre, que antes de remitir la exposición razonada al Supremo ha determinado que el delito de alta traición que investiga no tiene encaje en la ley de amnistía, detalla de forma pormenorizada los presuntos indicios delictivos existentes "sobre la amenaza real y efectiva contra la paz y la independencia del Estado" durante el 'procés', en otoño de 2017.

"Poco antes de la Declaración Unilateral de Independencia, el 27 de octubre de 2017, la injerencia rusa estuvo a u paso de dar sus frutos. Si no llegó a hacerse efectiva ese día, según la persona que estuvo presente y que urdió la injerencia rusa, Víctor Tarradellas, fue porque el expresidente Puigdemont tuvo pánico, un grado muy alto de miedo y temor (...) porque la entrada en la órbita del neoimperialismo ruso suponía abandonar definitivamente la pretendida aunque ilusoria protección de la Unión Europea", señala el magistrado.

Aunque Aguirre asume que su opinión sobre lo que pudo ser y no fue es "subjetiva", afirma que cuenta con la versión "autorizada" del Parlamento Europeo sobre la pretendida influencia del Kremlin en otros países comunitarios además de España, caso de Alemania, Francia, Italia o Letonia, subraya. "Este magistrado considera que sí hubo una amenaza (en el sentido de "peligro") real y efectiva de que una potencia extranjera (Rusia) ejecutara actos perjudiciales para la integridad territorial nacional", remacha, y coloca en la cúspide de la trama a Puigdemont y a Mas por su "liderazgo y control de las acciones que tomaban sus cuadros directivos".

En un segundo nivel, añade, estarían el citado Tarradellas, primero, y luego Alay y Boye, "quienes desarrollarían la labor intelectual y de planificación de las diferentes acciones dirigidas a conseguir contactos próximos al Gobierno ruso para granjearse el reconocimiento de ese país en una eventual república catalana".

En suma, el escrito recoge tres reuniones en octubre de 2017 que colaboradores de Puigdemont mantuvieron con supuestos emisarios rusos traídos por el exdirigente de CDC Víctor Tarradellas; la "coincidencia histórica" entre el inicio de su investigación y la sentencia del 'caso Gürtel' que acabó con la moción de censura contra el popular Mariano Rajoy, la llegada al poder del PSOE y el ascenso de los partidos independentistas; y el planeamiento de acciones de "guerra híbrida", según un documento personal incautado a Tarradellas en mayo de 2018.

La exposición razonada de Aguirre llega también en un momento complejo para el magistrado, que no ha esperado a que la Audiencia Provincial de Barcelona (que ya le dio un toque de atención hace pocas semanas para que cerrar la instrucción) resuelva los recursos clave contra la reactivación del caso. Además, hace una semana la defensa de Puigdemont registró una querella contra el juez por un delito de prevaricación y otro de malversación al considerar "evidente que ha exteriorizado su ánimo de prevaricar" al proseguir con la investigación para no impedir la aplicación de la amnistía.

Por último, el pasado 1 de julio se conocieron en el medio Diario.Red unos audios grabados a Aguirre en los que alardeó a sus interlocutores de que la ley de amnistía "se tumbó" gracias a él y que el 'caso Voloh' acabaría con el Gobierno de Pedro Sánchez. "Claro, es que será la tumba. Sí lo será. Al Gobierno le quedan dos telediarios alemanes. Dos. Y ya está. A tomar por culo. Entonces, hay gente que se está posicionando ya. Ha tomado partido, y el partido soy yo", dijo el juez.