El juez pide al Supremo investigar a Ábalos por su «papel principal» en el 'caso Koldo'

En su escrito, el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos atribuye a Ábalos una «imputación clara y concreta» a través de una serie de indicios que evidencian su presunta participación en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

Por su condición de aforado antes las Cortes Generales, el magistrado subraya la imposibilidad de continuar la instrucción sin realizar diligencias de investigación que afecten de manera directa al diputado del Grupo Mixto, por lo que entiende que ahora la instrucción debería continuar en la Sala Segunda (Penal) del Tribunal Supremo, órgano competente para juzgar a los diputados nacionales.

Moreno acuerda enviar testimonio íntegro de las actuaciones para que sea la Sala Segunda, presidida por Manuel Marchena, la que se pronuncie sobre si debe asumir toda la investigación o únicamente los hechos indiciarios referidos al que fuera también secretario de Organización del PSOE hasta su cese fulminante en julio de 2021.

El juez atribuye a Ábalos en concreto un delito de pertenencia a organización criminal porque ocupaba un "papel principal" en el entramado creado por el empresario Víctor de Aldama, en prisión preventiva desde el pasado 10 de octubre acusado de un fraude fiscal millonario, para conseguir negocios con las administraciones públicas.

Respecto al delito de tráfico de influencias, el magistrado concluye que estaría acreditada la intervención del entonces ministro para la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas a la empresa de Aldama Soluciones de Gestión, así como por su intervención en la contratación, por parte de dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec), a la mujer (de nombre Jessica) con la que entonces mantenía una relación personal.

El instructor atribuye al exministro socialista también el delito de cohecho porque le fue proporcionado el uso y disfrute de una vivienda en localidad gaditana de la Línea de la Concepción como pago por su mediación en la adjudicación de los contratos sanitarios. Otro indicio que acreditaría el cohecho, según el juez, es el pago del alquiler del piso en el que residió la pareja de Ábalos en el centro de Madrid, desde marzo de 2019 hasta septiembre de 2021, por un importe de 88.101 euros. Una cantidad que abonó Aldama a través de personas y sociedades que estaban bajo su control.

En su exposición razonada, el juez considera que de la investigación realizada hasta ahora se infiere la "existencia de una organización criminal de concierto previo para conseguir la adjudicación de los contratos", unos cobros obtenidos por el asesor principal de Ábalos, Koldo García, para mediar y conseguir su adjudicación y las operaciones para ocultar tales cobros, así como para evitar la trazabilidad de los ingresos obtenidos consecuencia de las irregulares adjudicaciones.

El magistrado recuerda que el inicio de esta causa se centró en la investigación del negocio de las mascarillas y permitió poner al descubierto la "relación privilegiada" del empresario De Aldama en el entonces Ministerio de Fomento con Koldo García. Como patrón general de comportamiento, De Aldama pagó de manera recurrente y periódica al asesor del ministro la cantidad de 10.000 euros al mes por la que éste se prevalía de la influencia de Ábalos y actuaba en beneficio de De Aldama y de sus empresas.

Estos pagos a Koldo, que podrían denominarse ordinarios, según el juez, se han visto acompañados de otros de carácter extraordinario cuyo beneficiario último sería Ábalos. Los más evidentes observados hasta el momento son los relativos a la citada compra del chalet de La Alcaidesa, así como el pago a través de personas vinculadas a Aldama del alquiler de un piso que disfrutaba la mujer con la que el ministro mantenía una relación.

Estas contraprestaciones, según el magistrado, tendrían como principal razón de ser mantener el acceso de Aldama tanto a Koldo como a Ábalos en beneficio propio y de terceros directamente relacionados con el propio empresario. Así, esta "acción corruptora" llevaba a cabo por el expresidente del Zamora Club de Fútbol le permitía asegurarse la consecución de un lucro económico, asentado en la estructura societaria criminal de sus socios, presuntos partícipes también de la organización criminal bajo investigación.

Un grupo que perduró en el tiempo, estuvo integrado en principio por diez personas y fue más allá de los contratos sanitarios bajo sospecha. Por ejemplo, las maniobras de salvoconductos para que ciudadanos venezolanos en España disfrutaran de libertad de movimientos o la obtención de título oficial de operadora de hidrocarburos para la sociedad Villafuel S. L., a cargo Claudio Rivas, el socio de De Aldama también en prisión.

El juez Moreno también respalda la propia auditoría del Ministerio de Transportes realizada por Óscar Puente sobre los contratos de las mascarillas. Un documento que refleja que el propio Ábalos y/o su gabinete "podría haber sido quien contactara con Soluciones de Gestión, negociara con estos y modificara el objeto de la emergencia para que finalmente coincidiera con lo ofertado por la empresa". Unas consideraciones, apunta el instructor, que coinciden con el informe de la UCO de la Guardia Civil.

En su exposición razonada, subraya también el papel del exministro en el rescate de Air Europa en plena pandemia por más de 400 millones de euros. En concreto, las conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos permiten apreciar que Aldama se valió de su relación con Ábalos para influir en la concesión del rescate a la empresa de la familia Hidalgo.

Moreno menciona los encuentros mantenidos en esas fechas entre altos cargos del Gobierno con Aldama y Javier Hidalgo y señala que "todo parece indicar que tras los encuentros Ábalos y Nadia Calviño (exministra de Economía) y Ábalos con De Aldama e Hidalgo, acaecidos el 16 de julio de 2020, la situación habría fructificado en favor de la citada aerolínea.