El juez pide al Supremo imputar a Alvise por delito electoral y financiación ilegal

Calama considera que hay indicios sólidos de que los 100.000 euros en metálico que Alvise recibió de Álvaro Romillo, dueño del MIC, fueron destinados a costear su compaña al Parlamento Europeo con la agrupación 'Se acabó la fiesta', que finalmente consiguió tres sillas en Bruselas. Alvise, no obstante, sigue sosteniendo que es dinero fue un «pago sin IVA» por unos servicios que le prestó a Romillo para promocionar su plataforma y que su única irregularidad sería fiscal por no haber declarado ese dinero a Hacienda.

Calama activó el procedimiento para tratar de conseguir la imputación en el Supremo del eurodiputado después de que éste se negara a comparecer de forma voluntaria el pasado día 20 de noviembre y que en esa misma jornada Romillo confesara en la Audiencia Nacional que esos 100.000 euros que entregó al conocido 'influencer' de la extrema derecha el 27 de mayo de 2024 fueron para costear su campaña electoral y a la espera de recibir «favores futuros» cuando Alvise llegara a la cámara de Bruselas. Romillo insistió entonces en que le entregó ese dinero por su condición de político y evidentemente no «porque fuera trabajador del Lidl (cadena de supermercados)».

El propio Romillo, que en su día llegó a un acuerdo con Anticorrupción para tratar de aliviar sus acusaciones, se refirió en su declaración ante el juez a esa grabación y a otras donde el 'influencer' aseguraba que iba a destinar ese dinero a gastos de la campaña. No obstante, el empresario insistió en que no cerró con Alvise ninguna contrapartida concreta a cambio de los famosos 100.000 euros.

Ahora, el magistrado incluye en su escrito los indicios contra Romillo, porque entiende que el empresario también debe ser investigado en el Supremo, al apreciar una «íntima conexión» en la «dinámica comisiva» entre ambos, pues son conductas que constituyen, dice, «la cara y cruz de una misma moneda». En el caso de Romillo, el magistrado considera que podría tratarse de una «actividad activa de donación o de aportaciones ilegales», que castiga a quien entregare donaciones o aportaciones destinadas a un partido o federación, coalición o agrupación de electores por sí o por persona interpuesta.

La investigación, señala en su auto el juez, ha evidenciado que el eurodiputado solicitó la colaboración de Romillo para crear una wallet (monedero virtual) con objeto de recibir donaciones anónimas que quedaran «fuera de todo control público».

Estas donaciones estaban destinadas a sostener los gastos de la campaña electoral de SALF, afirma Calama. «Tanto los servicios prestados por Álvaro Romillo para la apertura de la wallet, así como la entrega de 100.000 euros referidos, fueron efectuados por este con la intención de que Alvise, posteriormente, pudiera actuar en distintos foros publicitando tanto su plataforma bancaria Sentinel como la mercantil Madeira Invest Club», relata el magistrado.

El instructor pone el acento también en que Alvise participó de manera activa en la campaña de captación de nuevos clientes de en esta supuesta estafa piramidal con miles de afectados (unos 3.000 con una cifra estimada de 300 millones de euros). De esta forma, señala Calama, perseguía conseguir nuevos inversores a los que venía cobrando un 10 % de la inversión. «Esta comisión la compartiría con Luis Pérez si resultaba eficaz y llegaban a un acuerdo en tal sentido.», afirma el auto. Así, el primer acto de colaboración tuvo lugar el6 de abril en el hipódromo de la Zarzuela. En este evento Luis Pérez, «ante un grupo de 3.000 inversores de Madeira Invest Club, hizo defensa de su plataforma de negocio que, según afirmaba, quedaba fuera de cualquier control financiero, y permitía obtener una significativa rentabilidad sin tributar por ella», apunta José Luis Calama.