El juez pide a Anticorrupción que revise las penas por malversación de la trama 'Púnica'

La pieza cuatro afecta directamente al exsecretario general del PP y exmano derecha de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, en su época como alcalde de Valdemoro, donde nació la trama. En ella se investigan varios delitos de corrupción y blanqueo. La cinco se refiere a contratos menores de los ayuntamientos de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle con empresas amigas de los imputados. La ocho involucra a Granados como consejero de la Comunidad de Madrid. Y en la pieza diez se investigan las adjudicaciones en Denia, Valencia, Madrid, Majadahonda, Valdemoro, Comunidad de Madrid y «terceros países» a empresas vinculadas a los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa.

En un auto y cuatro providencias, el magistrado señala que si bien ya se ha dictado en los cinco procedimientos la apertura de juicio oral, «concurren circunstancias excepcionales que nos llevan a considerar la posibilidad de revisar la calificación» del Ministerio Público y de las acusaciones

«Dada la posibilidad de que la nueva regulación pudiera afectar al delito de malversación del que se acusa a los encartados, se acuerda dar traslado de las actuaciones al Ministerio fiscal para que informe si, a la vista de las reformas introducidas por la LO 14/2022, de 22 de diciembre, mantiene la calificación», indica el auto.

La petición de García-Castellón a la Fiscalía para revisar a la baja los escritos de acusación es la segunda que se produce en la Audiencia Nacional, el tribunal en el que se ventilan los casos más graves de corrupción del país. El pasado martes, el Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, que instruye el 'caso Acuamed' - la investigación que estalló en 2016 y afecta a varios contratos de la empresa pública de aguas de las cuencas mediterráneas- solicitó al Ministerio Público un reexamen de sus imputaciones

El juez Joaquín Gadea entendía que «la nueva reforma del artículo 432 del Código Penal podría suponer una revisión del escrito» y consideraba necesario valorar si procede o no la transformación de las diligencias previas a sumario, ya que con la reforma de la malversación, el delito más grave de cuantos se instruyen en esta causa, podría no haber ningún ilícito penal que supere los nueve años de prisión, lo que llevaría a mantener el procedimiento como abreviado.

En esa causa, el juzgado investiga la presunta adjudicación fraudulenta de obras a una decena de compañías por parte de Acuamed, empresa pública vinculada al Ministerio de Medio Ambiente, y en la falsificación de certificaciones y liquidaciones para aumentar las cantidades que recibieron las adjudicatarias de los contratos del organismo público, tanto con los populares como con los socialistas.

En el Poder Judicial, en el Supremo y en la Fiscalía Anticorrupción aseguran con rotundidad que la reforma del delito de malversación que entró en vigor este jueves obligará a los tribunales a revisar y con posibilidad de que sea a la baja algunas de las sentencias y procedimientos de corrupción todavía en instrucción más emblemáticos de los últimos años. Es el caso de los ERE -con la condena al frente del expresidente andaluz José Antonio Griñán-, Nóos, Lezo o Kitchen. Y ello, al margen de otros centenares de causas menores mucho menos conocidas -en instrucción o ya juzgadas- que implican a funcionarios y cargos públicos de niveles medios o inferiores.