El juez Peinado convoca a un careo a la asesora de Begoña Gómez con el exnúmero 2 de Bolaños

El pasado 24 de febrero, González, en su interrogatorio también como testigo, reconoció que fue él, que entonces ocupaba el puesto de vicesecretario de Presidencia (o sea número 2 de Bolaños), quien efectivamente propuso el nombramiento de Álvarez como asesora en 2018.

González, no obstante, arguyó que él se había limitado a elevar la propuesta del nombramiento que le había llegado de su superioridad y señaló a Bolaños como su responsable por entonces, cuando era secretario general de la Presidencia. González afirmó que en verano de 2018, tras la moción de censura que ganó Sánchez, el nombre de Álvarez le llegó dentro de un listado de 80 nombres y que él no sabía nada de ella.

Además del cara a cara entre la asesora y el número 2 de Bolaños, el juez, para ese mismo miércoles 14 de mayo, ha citado al alto cargo al que el actual ministro de Justicia en su interrogatorio de la pasada semana señaló como verdadero responsable de la contratación: Raúl Díaz Silva. Bolaños, ante la insistencia del juez por conocer quien autorizó finalmente el fichaje de Álvarez, adujo que, según el organigrama de Presidencia del Gobierno, la responsabilidad en esa materia sería Díaz Silva, cuyo cargo es el de responsable de la administración y coordinación del personal en el Palacio de la Moncloa.

Fue precisamente Díaz Silva quien firmó el certificado que Moncloa envió a Peinado y que apuntaba que «la empleada pública de Presidencia de Gobierno, María Cristina Álvarez Rodríguez, desempeña tareas de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo, en el marco de la atención a la esposa del Presidente del Gobierno, en las que predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza».

El pasado miércoles, Félix Bolaños se desvinculó por completo de la contratación de la asesora de Moncloa que durante años trabajó para la cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva (TSC) de Begoña Gómez. Durante un tenso interrogatorio en un despacho del complejo de la Moncloa que se extendió durante más de dos horas con el juez Juan Carlos Peinado, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes defendió que él -en su papel secretario de Presidencia en 2018 cuando el Gobierno de Pedro Sánchez tomó posesión- no podía estar encima del centenar de personas que entraron como eventuales en Moncloa tras la moción de censura en sustitución del personal que trabajaba para Mariano Rajoy. «Tenía a muchas personas a mi cargo», alegó de manera reiterada.

El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha abierto una pieza separada para investigar la contratación de Álvarez. Algunas fuentes apuntan a que esta maniobra podría servir para, llegado el caso, remitir esta parte concreta al Supremo ante la posible implicación de aforados en un hipotético delito de malversación, como sería el propio Bolaños.

El nombre de Cristina Álvarez, que tiene la condición de investigada desde el 28 de enero, saltó a los medios al conocerse el contenido de varios mails adjuntados a la causa contra Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. En esos mails se evidenciaba que Gómez usó, al menos desde noviembre de 2021, a Álvarez para ocuparse de gestiones de la cátedra. Incluso, que ésta era la encargada de gestionar los patrocinios externos de las empresas colaboradoras o de montar un gran evento relacionado con la cátedra con 500 asistentes en la Feria de Madrid por encargo de la mujer de Sánchez.

Su situación se volvió más delicada aún cuando el letrado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, aportó varios mails para intentar probar que su defendida siguió siempre las órdenes de la Complutense a la hora de registrar el polémico software (programa). Pero esos correos lo que realmente constataron fue que la empleada de Moncloa se encargó personalmente de esas gestiones técnicas de la cátedra.

En su testifical del 20 de diciembre, Álvarez sostuvo que solo ayudaba a Gómez en sus labores profesionales y académicas en su tiempo libre como «favor» por su «amistad» con ella. Y que no lo hizo como directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno, que es el puesto oficial que ocupa.

«Esta parte (la de trabajar para la cátedra) es de favor, es un segundo en comparación con las 24 horas al día y 365 días» de funciones estrictamente «oficiales» e «institucionales», afirmó la testigo, quien confirmó que fue contratada para «gestionar la agenda» de la esposa de Pedro Sánchez a pesar de que su cargo figura dentro del organigrama de Presidencia con ese título de directora de Programas.

La asesora, que confesó que tiene un nivel 26 y que cobra 49.000 euros al año, aseguró que entró en Moncloa el 16 de julio de 2018, días después de que la moción de censura de Sánchez, y que lo hizo de la mano de su mujer, que fue quien la fichó para crear un «entorno de confianza, seguridad y discreción» alrededor de su persona. Según la compareciente, entró para este puesto de «confianza y asesoramiento» en la misma posición que han ocupado otras asesoras de las mujeres de los anteriores jefes del Ejecutivo. «Begoña me comento que era un puesto de confianza de la mujer del presidente, era lo que había ocurrido siempre con otros gobiernos», insistió.