El juez del 'caso Pegasus' decidirá si cita a Sánchez cuando declaren Robles y Marlaska

Calama consideraba imprescindible acceder a este material para poder interrogar a los testigos en próximas fechas, quienes podrán así contestar sin cortapisas a cualquier asunto relativo a la intervención de sus comunicaciones y a la información sustraída. Los ministros tienen previsto seguir los pasos de su compañero Félix Bolaños, responsable del Ministerio de la Presidencia, y responder por escrito al cuestionario del juez y el fiscal jefe de la Audiencia, Jesús Alonso.

En virtud de lo que respondan Robles y Grande-Marlaska, los investigadores valorarán de forma posterior preguntar también al presidente Pedro Sánchez sobre los 2,6 gigas de datos que fueron extraídos de su teléfono, ya que también aparece como perjudicado en la denuncia presentada por la Abogacía del Estado que dio origen a la causa abierta el pasado 26 de abril.

El juez acordó esta batería de testificales a la vista de las declaraciones que prestaron ante él la exdirectora del CNI Paz Esteban y el funcionario de este organismo que firmó los informes preliminares anexos a las denuncias de la Abogacía. Bolaños contestó a nueve preguntas y no aportó novedades relevantes. Se escudó en que sus funciones son políticas y dijo desconocer los detalles técnicos sobre la seguridad de las comunicaciones, que hizo recaer en el personal especializado responsable de supervisar los móviles del presidente y los ministros.

Bolaños fue llamado a declarar por el puesto que ocupaba cuando ocurrieron los hechos: el de secretario general de la Presidencia, cargo que abandonó en julio de 2021, justo un mes después del espionaje. Como tal, era el último responsable del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica. Este organismo engloba la llamada Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de La Moncloa, encargada última de la seguridad de las comunicaciones del presidente.

En el caso de Robles, la ministra ya ha avanzado que «poco» puede aportar a la causa como perjudicada y afirmó que el Centro Criptológico Nacional (CCN) -organismo adscrito al CNI- ve «imposible» conocer qué datos fueron extraídos. En declaraciones públicas, también ha asegurado que no guardaba ningún documento oficial. Ello pese a que el juez sostuvo en un auto que «la exfiltración de información de su dispositivo podría integrar algunos de los delitos relativos al descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la Defensa Nacional».

Sea como fuere, el magistrado quiere que Robles aclare la responsabilidad sobre la seguridad de los móviles del Gobierno -esta ya ha dicho que es «transversal» y que hay «muchísimos» organismos encargados de ello- y saber si es posible conocer qué contenido fue sustraído. Para ello, Calama ordenó al CNI que conservase y pusiera a su disposición el volcado que hizo de los terminales al considerar que ese material puede constituir una prueba clave para avanzar en las pesquisas.

Mientras la causa estuvo secreta, el magistrado envió además una comisión rogatoria a Israel para solicitar desplazarse a aquel país y tomar declaración como testigo al consejero delegado de la empresa que comercializa el programa Pegasus. Precisamente, la semana pasado NSO anunció una reorganización con la salida del CEO Shalev Hulio y el nombramiento de Yaron Shohat, actual director de operaciones.

El motivo fue que la compañía necesitaba un cambio «para garantizar que siga siendo una de las principales empresas de inteligencia cibernética, centrándose en los miembros de la OTAN». Calama espera que NSO responda y dé luz sobre los clientes que compraron el programa y tratar de delimitar al autor del espionaje. Las supuestas intrusiones se produjeron entre mayo y junio de 2021, en plena crisis diplomática con Marruecos por el 'caso Ghali'.