El juez niega a Ábalos entrar en el 'caso Koldo' como perjudicado y que declare Puente

El primer asunto, la petición de la testifical de Puente, fue a iniciativa de la asociación Liberum y a la misma se adhirió Vox, quienes reclamaron que el ministro debía testificar después de la imputación de varios ex altos cargos de su departamento. Esta circunstancia supuso el cese del subsecretario de Estado de Transportes, Jesús Manuel Gómez, «como consecuencia de la pérdida de confianza hacia éste por motivo de su situación procesal como investigado».

Entendían las acusaciones que Puente debía declarar sobre «la información y conocimiento que los investigados le hubieran compartido o que hubiera podido tener acceso, respecto de los hechos objeto de las presentes diligencias previas y sus ampliaciones, especialmente la vinculación de Gómez García» y también del que fuera jefe de personal de ADIF, Michaux Miranda con los principales investigados.

En cuanto a la petición de personación de Ábalos, cabe recordar que fue el pasado 6 de septiembre cuando trascendió que lo solicitaba dado que, a pesar de no estar afectado por la investigación, seguían apareciendo «informaciones y noticias que le afectan de forma personal y directa» y dado que había trascendido que el juzgado había solicitado la auditoría del Ministerio de Transportes sobre la contratación y distribución de mascarillas durante la crisis sanitaria de 2020.

Ábalos criticó que ese informe interno le señalaba sin ninguna justificación en los contratos con Soluciones de Gestión, la empresa bajo sospecha, y que su difusión pública era «improcedente». Al mismo tiempo, anunció que ya había solicitado otro informe pericial que «desvirtúa todas y cada una de las afirmaciones que el citado informe proyecta y focaliza en su persona».

Apuntó que el informe se ordenó cuando el Tribunal de Cuentas ya había fiscalizado la operativa de compra de mascarillas durante la pandemia. Y recordó que ese órgano fiscalizador no encontró «ilegalidad alguna» y que las eventuales incorrecciones en las contrataciones estaban justificadas por el Real Decreto de Estado de Alarma. Para Ábalos, la orden de realizar esa auditoría interna por parte del ministro Puente «se produce de forma instrumental buscando exclusivamente la fijación estanca de responsabilidades» sobre su persona.

Por ello, a su juicio, dado que el instructor quiere incorporar el informe a la causa, y ante «la falta de legalidad y legitimidad» del documento, se ubica ahora «como afectado en el proceso» porque la auditoría se focaliza «de forma directa en su actuación» y con el solo ánimo de perjudicarle. Sin embargo, el juez Moreno no opina lo mismo y ha rechazado este miércoles su personación en el procedimiento.

En esta causa el juez investiga entre otros a Koldo García, exasesor del exministro Ábalos, por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.