El juez militar ve delito en el accidente mortal del caza de la Patrulla Águila

Según el auto al que ha tenido acceso este periódico, el juez togado, tras año y medio de instrucción, ha apreciado la existencia de indicios delictivos en la causa del accidente. En concreto, asegura que las diligencias que hasta la fecha se han practicado llevan a considerar que, «al parecer», las condiciones meteorológicas existentes aquella mañana «no permitían ejecutar la maniobra de picado con las debidas condiciones de seguridad».

Esta circunstancia, añade, obliga a conocer si el piloto estaba al tanto de las mismas, así como el grado de supervisión y control que, en su caso, la torre de control de la Base de San Javier tenía sobre las maniobras efectuadas.

En concreto, el documento aportado en noviembre pasado por la defensa de Marín –que tuvo el papel de 'Solo' en la unidad de exhibiciones, esto es, el encargado de realizar las maniobras más arriesgadas– recoge como causa primaria la falta de diligencia de la organización del Ejército del Aire en la planificación del vuelo. Afirma que no se establecieron «los mínimos meteorológicos de techo o de nubosidad y de visibilidad mediante el cual esta organización hubiera definido la operación y práctica de la maniobra de picado de forma segura».

Esta mala praxis, prosigue el informe pericial, permitió al comandante Marín –de 43 años, casado y con un hijo– iniciar la maniobra en una condición de nubosidad que cubría más de la mitad del cielo. Esta circunstancia provocó «la pérdida de visibilidad en los tres planos mientras volaba entre nubes a baja altura, conduciendo esta situación al escenario de la desorientación espacial y al accidente».

Según el informe de la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM), remitido al juzgado en julio de 2020, en la estación meteorológica se recogió a las 8.39 horas del día del siniestro «nubosidad abundante a 2.000 pies de altitud». Pese a esta mención, las conclusiones de la CITAAM, organismo dependiente del Ministerio de Defensa, atribuían al factor humano del piloto la causa del accidente. Sin embargo, el juez togado ha desoído estas conclusiones al investigar ahora la presunta imprudencia de los programadores del vuelo.

Para conocer este extremo, ha citado como testigos en marzo próximo al perito de la defensa, el capitán Orlando Jiménez. Se trata de un experto piloto e investigador de accidentes aéreos, que intervino, entre otras, en la causa del siniestro del Yak-42. También ha citado a la teniente coronel Rosa María López, ingeniera aeronáutica superior en la Academia General del Aire (AGA) y delegada de la CITAAM. Y, por último, al comandante Guardiola. Este oficial también voló con un caza C-101 la mañana de la muerte de su compañero Marín.

Del mismo modo, el juez togado requiere a la AGA documentación relativa a la identificación del oficial de vuelos de servicio el día del siniestro y las maniobras comprendidas en la misión TR-301, es decir, misiones de contacto como acrobacia o tomas y despegues. Finalmente, al Estado Mayor del Ejército del Aire le pide que informe sobre la finalidad y contenidos generales del Estudio Final de Seguridad de Vuelo.