Un juez militar archiva la causa al comandante de un avión siniestrado

El oficial estaba siendo investigado por un delito contra los deberes del servicio por su supuesta imprudencia grave en las lesiones causadas. El sostén incriminatorio era el informe final de la Comisión de Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM), sobre el que en junio pasado prestó declaración el presidente de este organismo dependiente del Ministerio de Defensa, el general Francisco Molina.

Los expertos señalaron que la causa fue el aterrizaje antes de la pista y el colapso del tren de aterrizaje derecho, debido a la combinación simultánea de una velocidad vertical de descenso dentro de los límites pero elevada, una pendiente positiva de terreno y un escalón de siete centímetros en la zona pavimentada. «Unos factores que llevaron a la superación de la carga vertical del diseño del tren».

Además, entre los factores contribuyentes se incluyeron la falta de conocimiento de la tripulación de la pista de aterrizaje (era su primera vez), la posible «ilusión óptica» de sobrevolar más alto de lo necesario, el viento reinante aquella jornada y la consecuente desestabilización en la aproximación final a pista, que tiene unos 860 metros de longitud.

El piloto encausado, asistido por el letrado Antonio Suárez-Valdés, experto en derecho militares, descargó su responsabilidad tras declarar que antes de aterrizar «una corriente de aire vertical hizo que el avión incrementara la velocidad vertical hacia abajo de una manera incontrolada». Y la Fiscalía confirmó, en este sentido, que la causa más probable del siniestro no fue el factor humano. Finalmente, el juez admitió esta postura en un auto conocido el pasado 3 de noviembre y descartó que el comandante hubiera cometido un delito.