Cifuentes declara que desconocía que Casado hubiera cursado su máster

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, preguntó directamente a Cifuentes por la licenciatura de Casado, cuyas pesquisas también investiga. Pero la expresidenta autonómica del PP, que presentó su dimisión a finales de abril tras filtrarse un vídeo de 2011 por un supuesto hurto de cremas en un supermercado, aseguró que se enteró por la prensa de los estudios realizados por el diputado en el centro público adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.

No es un dato baladí que haya sido la juez quien sacó este lunes a colación la titulación de Casado en la declaración de Cifuentes, según señalaron fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. Quizá se deba a sus sospechas de que en la URJC había un trato de favor extendido a los políticos para la obtención de determinados cursos de forma irregular. Y en esa línea se enmarca la pregunta, que también pudo responder a la inminente decisión sobre la situación de Casado, es decir, si ve indicios de delito y eleva una exposición razonada al Tribunal Supremo al tratarse de un aforado nacional o decreta el archivo provisional de la pieza separada referida al presidente electo del PP.

Precisamente, el Alto Tribunal remitió este lunes al juzgado madrileño toda la documentación que acredita que Casado ostenta la condición de diputado en el Congreso y que el órgano competente para investigarle es la Sala Segunda (de lo Penal). El político palentino aprobó el máster de Derecho Autonómico tras cursar solo cuatro de las 22 asignaturas gracias las convalidaciones de otras 18 materias, por lo que solo tuvo que realizar cuatro trabajos de unos 90 folios para obtener este título de posgrado.

Rodríguez-Medel abrió las diligencias para aclarar si las irregularidades detectadas en la promoción de Cifuentes, año 2011/2012, se dieron también en la promoción de su compañero de partido. Para ello solicitó toda la documentación del máster de Casado a la Rey Juan Carlos e imputó al exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, al anterior rector de la URJC Fernando Suárez y a la profesora Alicia López de los Mozos, supuesta presidenta del tribunal del trabajo de fin de máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Ésta ha asegurado en sede judicial que su firma fue falsificada en el acta de evaluación de Cifuentes y todos ellos están citados a declarar otra vez como investigados el 2 de agosto.

En el caso de Cifuentes, ésta reiteró este lunes que presentó el Trabajo de Fin de Máster (TFM) tras aprobar todas las asignaturas sin irregularidades y que lo defendió ante un tribunal, además de reafirmarse en que tenía dispensa del director para no ir a clase. La expresidenta compareció durante hora y media y sigue investigada por tres delitos: prevaricación administrativa, cohecho impropio y falsedad documental.

En su comparecencia, Cifuentes no se salió del guión ofrecido hasta la fecha y mantuvo todos y cada uno de los puntos de su tesis de defensa, aferrada al hecho de que todo lo que aconteció en el máster fue absolutamente legal cumpliendo con los trámites establecidos. Para ello, dijo a la juez, contó con el acuerdo alcanzando con el entonces director del Instituto de Derecho Publico, Enrique Álvarez Conde, de quien ha dicho que era su único interlocutor con los profesores.

La exlíder del PP de Madrid aseguró que no solo hizo el TFM, sino que también lo defendió durante apenas cinco minutos ante el tribunal, aunque no recuerda cuándo fue, quiénes componían la sala y tampoco qué ha sido del trabajo que presentó, ya que, dijo, se debió de perder en una mudanza.

El interrogatorio previsto para el pasado 26 de junio se aplazó porque la defensa presentó un certificado médico alegando migrañas. Sin embargo, este lunes acudió a los juzgados de Plaza Castilla pero no por su propio pie, ya que entró y salió en un coche oficial que accedió al garaje del edificio público. Y es que Cifuentes aún ostenta como expresidenta autonómica y durante dos años la posibilidad de usar un vehículo policial para situaciones en las que se determine algún tipo de riesgo para su seguridad.