El nuevo presidente será procesado mañana y podría entrar en prisión

No quiere decir que la resolución de Llarena vaya a incriminar a todos los investigados, pero sí parece seguro que al menos 16 serán procesados porque los indicios racionales de criminalidad que ha recabado sobre ellos en este periodo son suficientes para continuar la causa.

En este grupo estarán los cuatro presos preventivos, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el exconsejero del Interior Joaquim Forn y los líderes de la ANC y Ómnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; los seis huidos de la Justicia, el expresidente Carles Puigdemont, cuatro de sus exconsejeros y la exportavoz parlamentaria de la CUP Anna Gabriel; y los otros seis encausados que han sido citados en personas por el juez para que acudan al Supremo.

Se trata de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, de los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa y de la actual secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. Todos son diputados autonómicos en esta legislatura y, judicialmente, están en libertad provisional tras abonar fianzas para eludir la prisión de entre 60.000 y 150.000 euros. Asimismo, el juez les impuso a todos ellos medidas cautelares para mitigar el riesgo de reiteración delictiva y de fuga con comparecencias judiciales periódicas y, exceptuando a Rovira, retirada del pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional.

La decisión de Llarena de notificarles el procesamiento en persona viene acompañada de la celebración de una vistilla de medidas cautelares, prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que suele desarrollarse al término de la declaración de los investigados si la pide alguna parte personada, en este caso Fiscalía o la acusación popular ejercida por el partido Vox.

Fuentes jurídicas consultadas señalan que el anuncio de la celebración de esta vistilla es muy llamativo, si no es para endurecer las medidas cautelares ya vigentes o debatir la posibilidad de que algunos de ellos ingrese en prisión preventiva si lo reclama el Ministerio Público o los abogados de Vox. Para ello tendrían que aludir al incremento del riesgo de fuga o de reiteración delictiva tras el auto de procesamiento, una situación incriminatoria que les acerca al juicio oral.

A este trance se tendrá que enfrentar mañana el procesado Jordi Turull, que será investido hoy presidente de la Generalitat si no hay sorpresa de última hora. El dirigente de Junts per Catalunya estuvo un mes en prisión preventiva por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y fue excarcelado por el juez Llarena el 4 de diciembre. Si la nueva condición de presidente aumenta el riesgo de reiteración delictiva podría mandarle de nuevo a la cárcel. En ese supuesto, sería suspendido del cargo cuando su procesamiento fuera firme, es decir, cuando la Sala de Apelaciones (formada por tres magistrados) confirmara la resolución del instructor Llarena.

El artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal asegura que cuando un auto de procesamiento sea firme y sea decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión. Es decir, además de los acusados por delitos terroristas esta disposición también afecta a los procesados por delitos de rebelión, como ocurre en la causa del 'procés'.