El juez de 'Lezo' indaga si ocho empresas enmascararon gastos electorales del PP

Los nombres que vinculan ‘Lezo’ con ‘Púnica’ (la «gigantesca» red de tráfico de influencias que afecta a administraciones de varias comunidades y que mantuvo en prisión preventiva al ex número dos del PP de Madrid, Francisco Granados, hasta junio) son dos: Beltrán Gutiérrez, exgerente de la formación entonces dirigida por Esperanza Aguirre, y José Martínez Nicolás, ex consejero delegado de la empresa pública madrileña ICM (Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid).

Martínez Nicolás se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros desde el pasado 22 de abril, el día que González entró en prisión sin fianza. Mientras que Gutiérrez, cuya agenda personal intervenida por la Guardia Civil permitió avanzar las pesquisas en ‘Púnica’, comparecerá como investigado ante el juez de ‘Lezo’ el próximo 29 de septiembre. De forma previa, están citadas siete personas en la misma condición entre el 25 y el 27 de septiembre, dentro de la pieza de la presunta financiación irregular del PP de Madrid.

Pues bien, el levantamiento del secreto de sumario de esta causa ha revelado ahora algunos datos importantes para conocer la operativa que utilizaba la formación popular para nutrir sus arcas.

Según un auto judicial del pasado 30 de marzo, los investigadores tienen indicios de que González trasladó al ex consejero delegado de ICM, en una reunión mantenida el 12 de junio de 2012 en la Asamblea de Madrid, en la que estuvieron presentes ambos investigados junto a otros altos cargos del Canal aún no identificados, la necesidad de recaudar dinero para el PP.

Para ello, presuntamente González les propuso «inflar» el importe de determinados contratos licitados desde el citado organismo público. Según las intervenciones telefónicas, trataba de recaudar «un millón de euros» con esta actividad ilícita.

El citado auto también recoge que ICM ha podido licitar posibles adjudicaciones amañadas para cumplir con la petición de González y que hay evidencias de la utilización de mercantiles vinculadas a empresarios concertados «para enmascarar gastos electorales de 2007, 2008 y 2011». Alguna de estas empresas, además, presentan facturación dudosa en 2012 con la empresa Indra, que también está bajo el foco.

Para resolver estas sospechosas, el juez acordó pedir a la Agencia Tributaria la declaración de ingresos y gastos de ocho empresas sospechosas de enmascarar supuestamente gastos electorales del PP inflando sus facturas a ICM (el investigado Martínez Nicolás estuvo en el cargo desde diciembre de 2007 hasta octubre de 2014, cuando dimitió después de su detención en la operación ‘Púnica’).

Se trata de Escuela Europea de Dirección de Empresas, Formaselect Consulting, Sintra Consultores, Sintra Gestión Patrimonial, Sun Tzu Investment, Swat, Troyano Marketing y Diseño y Braveheart Management. La primera sociedad es una conocida escuela de postgrado (EUDE Business School) y una de las principales escuelas de negocios empresarial en línea. Según el Registro Mercantil, comparte oficinas en el edificio B del número 245 de la calle Arturo Soria de Madrid con otras tres empresas investigadas: Formaselect, Sintra Consultores y Sintra Gestión. Óscar Moyano Sánchez aparece como administrador único de tres de estas mercantiles y el apoderado mancomunado de Sintra Consultores, Federico Ruiz Arrabe, lo es también de Braveheart Management.